La secretaria socialista de ONG y Movimientos Sociales, Leyre Pajín, y la secretaria general del Grup Socialista, Teresa Fernández de la Vega, explicaron en rueda de prensa los objetivos y novedades de la iniciativa.

Destacaron que la norma prevé "devolver" a los extranjeros ilegales el ejercicio del derecho fundamental de asociación, lo que supondría derogar el artículo 8 de la Ley de Extranjería. Fernández de la Vega dijo que "todas las personas" tienen derecho a asociarse libremente y recordó que el PSOE no ha apoyado la actual Ley de Extranjería, por lo que su propuesta de asociación es coherente

La proposición de ley también establece controles sobre la remuneración, caso de haberla, de los órganos directivos de las asociaciones. Estas prestaciones deberán constar en los estatutos y en las cuentas anuales, en las que deberá figurar también el porcentaje anual que se dedica para este capítulo en el presupuesto de la entidad.

Una asociación que quiera obtener el certificado de asociación de utilidad pública tendrá que acreditar que sus cargos remunerados no perciben los ingresos de fondospúblicos. Leyre Pajín dijo que aunque recientemente hayan aparecido casos de irregularidades en este ámbito, la mayoría de asociaciones actúan con total limpieza y transparencia.

SIN EXCEPCIONES

El texto del PSOE aboga por la creación de un Consejo Superior de Asociaciones, un órgano consultivo del Gobierno que los socialistas dicen que viene siendo una reinvidicación "histórica" del asociacionismo.

También determina que las asociaciones que practiquen la discriminación en su funcionamiento conra las mujeres o las minorías étnicas, no podrán beneficiarse de ninguna ayuda estatal. "No habrá excepciones", remarcó Pajín, al ser preguntada por los casos conocidos en las últimas semanas de colectivos que impiden el acceso de mujeres por razones históricas o "culturales".

Otra propuesta de la iniciativa socialista es que habrá planes plurianuales de ayuda al asociacionismo, que buscarán ayudar a garantizar la independencia de los colectivos frente al Gobierno.

En esa dirección, la proposició prevé la posibilidad de control parlamentario, de manera que el Gobierno dé cuenta al Congreso del correspondiente plan plurianual. La ley también regula un mecanismo de inscripción con un procedimiento de coordinación entre un registro de carácter nacional y los registros de las comunidades autónomas.

Leyre Pajín aseguró que el proyecto ha sido consensuado con más de 100 ONG, y ahora el PSOE espera pactarlo con el PP, por tratarse de la regulación de un derecho fundamental. Aseguró que el PP se ha cmprometido a presentar una ley esta legislatura, pero todavía no lo ha hecho.

Sobre este asunto, el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, dijo que su partido está abierto a negociar, pero recordó que el Gobierno ha prometido una ley para esta legislatura y ya ha elaborado un anteproyecto de ley que se encuentra a la espera de dictamen del Consejo de Estado. A su juicio, habría sido más aconsejable que los socialistas aguardaran a conocer el texto definitivo. "No se puede estar en misa y repcando", afirmó.