Con esta declaración y la información requerida a Hacienda, para ver si constan más bienes que los declarados, se procederá a una anotación en el Registro de la Propiedad par que quede constancia que sus propiedades son embargables y no sean vendidas. Esta medida cautelar se realiza previamente al embargo real de sus bienes, una vez que haya sentencia firme.

Sin embargo, Carlos Sotos y Paulino Barrabés no han recibido todavía ninguna notificación de la Audiencia Nacional para acudir a declarar cuál es su patrimonio.

El abogado de Barrabés, Marino Turiel, indicó a Servimedia que puede ser un "olvido" de Moreiras, aunque no descartaba que puedan ser llamados la semana róxima. El juez sí ha citado, en cambio, al defensor de Sotos, Miguel Bajo.

Los letrados consultados manifestaron la intención de sus defendidos de colaborar con la justicia y declarar todos sus bienes. Ninguno de ellos ha recurrido el auto de Moreiras, ya que consideran que este posible recurso no tiene posibilidades de éxito.

Francisco Hernando, defensor de Fermín Bretón, indicó que "procesalmente tiene poco sentido recurrir" y recordó que dado el escaso patrimonio de los inculpados, UGT y la popia PSV-IGS tendrán que hacer frente a la fianza con sus bienes, como responsables civiles subsidiarios.

Hernando se mostró convencido que finalmente se demostrará la inocencia de su defendido y recalcó que hasta que no haya sentencia en firme éste podrá disponer de sus bienes e incluso venderlos, "si bien difícilmente alguien va a querer comprar una propiedad embargable".

A su juicio, todavía un año para que el juez Miguel Moreiras termine con la instrucción del sumario, a tenor de las declaracones todavía pendientes.

Entonces, sería necesario otro año para la sentencia definitiva, que sería realizada por el Juzgado Central de lo Penal o por la propia Audiencia Nacional, en función de si las penas solicitadas son inferiores o superiores a 6 años y un día.