Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido no presentar ningún texto todavía y que la propuesta de modificación legislativa sobre el aborto sea fruto del consenso tras un profundo debate con las fuerzas políticas y el poder judicial.

Tomás de la Quadra-Salcedo aseguró que "hay un altísimo grado de consenso" dentro del Gobierno de por dónde debería ir la nueva regulación,pero no han estudiado una fórmula concreta, "porque no ha parecido oportuno, en un tema de esta importancia y seguramente de esta sensibilidad, lanzar un texto y que pueda parecer que no tiene en cuenta cuál es la posición de todos".

Por otra parte, varias decenas de organizaciones del movimiento feminista, entre las que figuran los principales sindicatos y la Comisión pro Derecho al Aborto, calificaron hoy, mediante un comunicado, de "política de parches y más parches" a la decisión del Gobierno de "etrasar, nuevamente, una toma de posición sobre los cambios a introducir a la actual normativa legal sobre el aborto".

Para las feministas, la legislación vigente "ha producido una absoluta inseguridad jurídica a las mujeres y a las y los profesionales de la sanidad, que hahechoprácticamente inviable la práctica de los abortos en la red sanitaria pública".

Las organizaciones de mujeres se inquietan de que "el Gobierno priorice la búsqueda de consenso con el resto de partidos parlamentarios, antesque dar una solucción clara y real a los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres para poder interrumpir un embarazo no deseado".

RECHAZO DEL CUARTO SUPUESTO

Igualmente, las feministas rechazan la inclusión de un cuarto supuesto de despenalización del aborto, incluso el llamado supuesto socioeconómico y piden una ley "que reconozca la libre decisión de las mujeres, que garantice la práctica de abortos en la red sanitaria pública, resolviendo debidamente la objeción de conciencia".

Lucía azarrasa, del Fórum de Política Feminista, una de las asociaciones firmantes del comunicado, declaró a Servimedia que lo positivo sería una ley de plazos (que permitiría abortar hasta determinado número de semanas de embarazo), porque así la mujer no tendría que dar explicaciones.

Mazarrasa se preguntó quién va a definir las causas sociales en caso de que se llegara a aprobar un cuarto supuesto de despenalización. También destacó que "sigue sin aclararse el tema de si la sanidad pública va a asumir elcosto de los abortos".

Por su parte, la responsable del área de la Mujer de UGT, Lucía Villegas, consideró que la decisión del ejecutivo de consensuar con el resto de fuerzas políticas el tratamiento legal del aborto implicará que el principal partido de la oposición, el PP, condicionará conservadoramente la normativa que salga.

El proyecto de Reforma del Código Penal aprobado hoy por el Consejo de Ministros incluye, por otra parte, nuevos delitos de lesiones al feto y de manipulación genética, d embriones y fetos humanos, así como de inseminación artificial no consentida.