El motivo de la denuncia, presentada por Izquierda Unida (IU), está en el supuesto impacto ambiental que la ampliación de la carretera CU-921 ha ocasionado al valle y hoces del alto Júcar.

La querella está basada en un informe técnico elaborado por la organización ecologista Adena/WWF, que destaca el importante valor paiajístico y faunístico que presenta este entorno conquense, donde conviven una importante población de cérvidos con numerosas especies de rapaces.

El informe de Adena/WWF solicitaba el mantenimiento del trazado de la antigua carretera a su paso por el embalse de la Toba, aunque consideraba posible ampliar ligeramente la calzada.

En el resto proponía efectuar la ampliación apoyando la calzada en muros para evitar la invasión del valle por los terraplenes, así como la paralización de las voladuras ydel vertido de materiales excedentes de excavación en la ribera y el cauce del río.

Según Miguel Angel Valladares, portavoz de Adena/WWF, la Administración autonómica no tuvo en cuenta ninguna de estas consideraciones, a pesar de que la evaluación de impacto ambiental ralizada por la Consejería de Política Territorial no reunía, a juicio de los ecologistas, las condiciones mínimas exigibles.

Izquierda Unida y la organización conservacionista mantienen que la carretera incrementa el efecto barreraque esta vía ejerce sobre la fauna.

Respecto a las obras, las consideran responsables de la destrucción de una extensa franja de vegetación arbórea y de provocar vertidos de excedentes de excavación al cauce del río.

Los demandantes creen que esos hechos constituyen un delito ecológico de acuerdo con el artículo 347 bis del Código Penal.