Rahola declaró a Servimedia que el Defensor del Pueblo "no es comisario político de Cataluña, ni tiene ninguna responsabilidad respecto al sentido democratíco que tenemos los catalanes de respeto a las lenguas".

"En cataluña no peligra ninguna libertad individual, ni peligran tampoco las libertades colectivas, y entendemos que el tutelaje que quiere hacer esta institución, por encima del Parlamento catalán y por encima de los órganos de gobiern catalanes, es absolutamente impresentable, está fuera de sus atribuciones y está intentando abrir una vía de agua en la capacidad de autogobierno que tenemos los catalanes", sentenció.

A su juicio, en su seguimiento de la Ley del Catalán, Alvarez de Miranda "puede encontrarse con centenares de pequeñas denuncias respecto al derecho de los catalanes de expresarse en su propia lengua, que muy a menudo también tienen problemas".

Añadió que "sería entrar en una escalada de crispación peligrosa y yo spero, por tanto, que se tranquilice y que lo que ha dicho sea puramente fruto de la presión coyuntural".

Rahola acusó al senador del PP y ex presidente del PP en Cataluña, Aleix Vidal-Quadras, de utilizar políticamente al Defensor del Pueblo. "En todo caso espero que el Defensor del Pueblo no sea el brazo armado del señor Vidal-Quadras, que en Cataluña no representa a nadie y tampoco a su propio partido".

En su opinión, las recomendaciones que ha hecho llegar Alvarez de Miranda al presidente de a Generalitat, Jordi Pujol, para que redacte de nuevo algunos artículos de esa Ley son "paternalistas, fuera de su ámbito de actuación y fruto de las presiones políticas que ha tenido alrededor".

Además, tachó de "altamente preocupante" las presiones políticas que ha soportado esta institución antes de inclinarse por no recurrir la Ley de Política Lingüística de Cataluña.

"Desde luego", afirmó, "habría sido terriblemente escandaloso e inaceptable para Cataluña que el Defensor del Pueblo hubiera rcurrido la Ley del Catalán".

Finalmente, Rahola recordó que la Ley del Catalán fue avalada por el 80 por ciento del Parlamento autonómico, que es "absolutamente rigurosa" y que sólo tiene como voluntad intentar equiparar el catalán a la situación que tiene el castellano en Cataluña, que "es absolutamente consolidada y protegida".