Raquel Sánchez se expresó de este modo en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, en la que explicó que esta es una medida “que se suma” a las que ya ha venido adoptando el Gobierno para ”movilizar y constituir un auténtico parque de vivienda pública que no se pueda vender y que permanezca siempre en esa condición de vivienda pública y protegida”.

De hecho, la ministra recordó que el Gobierno puso en marcha un plan de construcción de viviendas de alquiler asequible, con un primer objetivo de 100.000 unidades, de las que ya hay movilizadas un 60% y, de ellas, unas 15.000 están en la Comunidad de Madrid, en torno a 5.000 en Cataluña y 2.500 en la Comunidad Valenciana.

Por todo ello, señaló que la medida de las 50.000 viviendas de la Sareb que se aprueba este martes en Consejo de Ministros va a ser un impulso más” para poder continuar constituyendo “este parque de vivienda tan necesario en nuestro país”.

Sobre las críticas del PP de electoralismo, Sánchez dijo que “no es quién para dar lecciones de política de vivienda en este país, porque su modelo ya sabemos cuál fue” y se basó en “inflar la burbuja inmobiliaria” y “favorecer vender vivienda pública a los fondos buitres”.

Parece que se despierta hoy, después del anuncio del presidente del Gobierno el pasado domingo, y pone encima de la mesa medidas que, al parecer no se le habían ocurrido. Quizá porque se ha enterado hace unos días de que el problema de la vivienda es un problema real, existente en nuestro país, y estamos pagando las consecuencias de una gestión nefasta del PP cuando ha gobernado “, lanzó la ministra.

Con todo, reconoció que “conformar un parque público de vivienda no se hace de la noche a la mañana” y se necesita “tiempo para desarrollarlo”, pero dentro de esas viviendas de la Sareb hay casas que “ya han sido puestas a disposición de muchas familias” y se han regularizado alquileres sociales.

En este punto, desmintió que haya 14.000 viviendas okupadas. “No. Hay 14.000 viviendas que han sido regularizadas con las personas que estaban dentro y que están pagando sus alquileres sociales”, aclaró la titular de las políticas de vivienda del Gobierno.

Respecto de las viviendas que han de construirse de cero, la ministra expuso que se realizará llegando a acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan tener la finalidad social que tienen como objetivo.

Preguntada por quién asumirá el coste de las reformas que haya que ejecutar en algunas viviendas, Sánchez comentó que se debe “analizar” cada caso y resaltó que hay un Plan Estatal de Vivienda con más de 1.700 millones que se reparten entre las autonomías para que puedan desarrollar programas de rehabilitación de viviendas.

LEY DE VIVIENDA

Por otro lado, sobre la Ley de vivienda acordada con Unidas Podemos y socios como Bildu y Esquerra Republicana y las críticas que está recibiendo, la titular de Transportes sostuvo que está “escuchando a la inmensa mayoría de los jóvenes” y “no tan jóvenes” que “no pueden pagar” un piso de alquiler. Además, incidió en que el parque público de vivienda que prevé la ley no se podrá vender “nunca” y hay que dejar que la normativa “despliegue todos sus efectos”.

“No va en contra de nadie. Favorece a todo el mundo: a esos inquilinos, pero también a los pequeños propietarios que ofrecen incentivos fiscales, que ofrece beneficios, para que les salga a cuenta alquilar esas viviendas a un precio asequible”, agregó Sánchez. Sobre las críticas del sector inmobiliario, manifestó que se garantiza el derecho a la propiedad privada.

A su juicio, la ley constituirá el “quinto pilar del Estado del bienestar” y “vamos a ser capaces de asentar las bases de un nuevo modelo de vivienda en nuestro país”.

“El sector es crítico pero también quiero lanzar un mensaje: que nadie se preocupe por las rentabilidades del sector inmobiliario, que seguro que también las va a tener. Pero nosotros nos situamos al lado de la gente que vive la vivienda como un auténtico problema”, aseveró.

Finalmente, detalló que el índice que se creará en 2025 para la revalorización de los contratos de alquiler, en virtud de la Ley de vivienda, afectará desde entonces no solo a grandes tenedores y a zonas tensionadas, sino a todas las viviendas.