Así lo expusieron durante el acto ‘Pacto de Familias, sin móviles hasta los 16 años’, organizado por la Plataforma Control Z en el Consejo General de la Psicología de España. La directora de Control Z y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, defendió que las políticas públicas deben reconocer el “derecho al desarrollo de la personalidad” como eje central de la protección digital de la infancia. “Estamos pidiendo que se regule un derecho del que poco se habla”, afirmó. Subrayó que igualdad y derechos implican también obligaciones y llamó a las familias a tomar conciencia del impacto de las pantallas en etapas tempranas: “Igual que no se da alcohol o tabaco a un hijo, debemos evitar el acceso temprano a contenidos inadecuados”.

España reivindicó que Control Z defiende la alfabetización digital, “pero de forma moderada”, y pidió a los partidos políticos que incluyan enmiendas que refuercen la protección digital de la infancia en la nueva ley. “Control Z ofrece diálogo, participación y consenso”, apuntó.

La pediatra y presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA), María Salmerón, explicó el razonamiento clínico detrás de la recomendación médica de “no entregar móviles antes de los 16 años”. Citó datos recientes de Unicef: el 41% de los niños de diez años ya tiene móvil, y más del 92% del alumnado de la ESO posee uno y está presente en redes sociales. “El ser humano necesita contacto, contacto que el móvil sustituye”, alertó. Advirtió de que el acceso precoz está asociado a uso excesivo, exposición a contenidos prohibidos, contacto con desconocidos y problemas de salud mental derivados de la pérdida de interacción humana. “Los pediatras estamos preocupados por el desarrollo neurológico de los niños y adolescentes”, afirmó.

Desde la Fundación Anar, su psicólogo y portavoz, Benjamín Ballesteros, presentó cifras que calificó de “alarmantes”: el 56,4% de los casos atendidos por la organización implican un uso inadecuado de la tecnología, y el 58,7% están relacionados con la violencia. Además, el 56,6% de los problemas de salud mental detectados tienen relación con las pantallas. Señaló que la prevalencia del acoso escolar ha aumentado, especialmente entre los 11 y los 14 años, y que el ciberacoso se concentra en plataformas como TikTok, Instagram, WhatsApp y videojuegos. Advirtió también de que la inteligencia artificial abre “nuevas vías de agresión”, como la manipulación de fotos o la suplantación de identidad.

Ballesteros insistió en que el uso que los adultos hacen de la tecnología influye directamente como modelo. “Si llegamos a casa y seguimos usando el móvil, transmitimos un mensaje”, señaló, reclamando “conciliación familiar por encima del uso de la tecnología”. Lamentó además que el 75% de los niños de entre 0 y 10 años no tenga acceso a apoyo psicológico especializado.

La coordinadora estatal de la Asociación Libre de Móviles (ALM), Marina Fernández, presentó el ‘Pacto de Familias’, que busca promover “decisiones informadas sobre cuándo entregar un dispositivo”. Recalcó que no se trata de ser “anti tecnología”, sino de priorizar el desarrollo neurológico y personal. “Aunque las familias intuyen que los móviles no son buenos, la presión social les hace acceder”, explicó. Alegó que entregar el móvil de forma precoz está vinculado a “uso abusivo, conductas suicidas y problemas de salud mental”, mientras que retrasarlo “mejora el desarrollo neuropersonal”. Denunció que la salud pública “no ha tomado medidas para proteger a la población más vulnerable”.

La fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, cerró el acto respaldando la recomendación de retrasar el uso del móvil hasta los 16 años, y mostró su preocupación por la tendencia actual: “Me preocupa enormemente que el primer móvil llegue a los diez años”. Citó datos de la Fiscalía que muestran un aumento de las conductas violentas entre menores, muchas de ellas vinculadas al ciberacoso y a la transición del acoso escolar al digital. “Son agresiones que no paran y que tienen un enorme impacto psicológico”, afirmó. Gisbert subrayó que el uso excesivo del móvil está también relacionado con la violencia de género y los delitos contra la libertad sexual entre menores. “Es un problema social al que hay que poner fin”, concluyó.