Así lo advirtió la organización en un comunicado en el que alertó de que las modificaciones introducidas en la ponencia de la Comisión de Justicia “refuerzan un enfoque más punitivo del texto, antes de su aprobación definitiva”.

Asimismo, subrayó que el endurecimiento de las penas por delitos leves reincidentes “vulnera el principio de proporcionalidad y equidad, castigando actos cuya gravedad individual no justifica la sanción incrementada”.

Además, advirtió de que la norma “podría criminalizar la pobreza y las adicciones”, dado que, a su entender, “muchas” situaciones de reincidencia se “vinculan” a contextos de “vulnerabilidad social, exclusión y dependencia de sustancias, problemas que no se resuelven mediante un mayor endurecimiento penal”.

UNAD alertó también sobre el “riesgo de saturación del sistema judicial y penitenciario”, que podría “congestionar” juzgados y cárceles “sin mejorar de manera efectiva la seguridad ciudadana”:

En paralelo, la organización señaló la posibilidad de “alimentar narrativas punitivas” basadas en “percepciones sociales y políticas” en lugar de en evidencia empírica, lo que, a su juicio, “podría derivar en estigmatización y discriminación de colectivos vulnerables”.

En este contexto, la red defiende que abordar la multirreincidencia requiere políticas integrales que combinen prevención, tratamiento de adicciones y apoyo social, “en lugar de centrarse únicamente en la severidad de las penas”.

Por último, urgió a “reconsiderar” el enfoque de la ley, “priorizando” medidas que promuevan la inclusión, la salud y la eficacia de los recursos sociales y sanitarios, “garantizando así una respuesta más justa y sostenible frente a la reincidencia”.