Así lo manifestó en un comunicado en el que recordó que la reforma, referente al artículo 234 del Código Penal, se ha incluido en la Ley Orgánica 9/2022 publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado.

La red consideró “desproporcionada” la medida y defendió un “mayor papel” de las penas alternativas a la prisión con el objetivo de “no agravar” la situación de exclusión social de las personas que cometen “pequeñas infracciones contra la propiedad”.

En este sentido, la entidad advirtió de que el perfil de quienes reinciden en este tipo de delitos tiene “bastante relación” con las adicciones y recordó que la “mayoría” de las personas presas en España han sido encarceladas por delitos “vinculados” a las drogodependencias, entre los que citó aquellos contra el patrimonio o los “trapicheos menores” con drogas ilegales.

A este respecto, la organización reclamó un abordaje de la delincuencia que “apunte a los factores socioeconómicos” que, a su juicio, la “motivan” y, “sobre todo”, en relación con las personas que se encuentran en una situación de “mayor vulnerabilidad”.