Así lo defiende en el marco del estudio titulado ‘Reducción de daños en el siglo XXI. Fase I Diagnóstico’, publicado coincidiendo con la conmemoración, este domingo, del Día Internacional de la Reducción de Daños con el fin de describir las necesidades actuales de los servicios y programas de reducción de daños en España, así como poner de manifiesto los diferentes aspectos de mejora requeridos para "adaptar" la reducción de daños a las características de los "nuevos consumos".

Entre las principales conclusiones del trabajo, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la red destaca la importancia de impulsar políticas, programas y estrategias de reducción de daños que tengan un enfoque de derechos y justicia social y que permitan “reducir el estigma de las personas que consumen en esta situación".

“Asimismo, se evidencia la necesidad de invertir en ellos para paliar los efectos negativos sobre la salud pública”, abundó la red, cuyo presidente, Luciano Poyato, explicó que la reducción de daños se basa en la "restauración" de derechos de las personas que utilizan sustancias para "evitar muertes tempranas y mejorar sus condiciones sociales y de salud".

“El objetivo aquí no es otro que minimizar los daños asociados al consumo sin necesariamente reducirlo o eliminarlo”, aseguró, al tiempo que subrayó que estas estrategias van dirigidas a paliar los perjuicios de las personas que consumen, ya que aumentan el número de prácticas seguras y disminuye el riesgo de trasmisión de enfermedades, promoviendo una serie de recomendaciones para garantizar los derechos humanos fundamentales incorporando los diferentes ejes de “vulnerabilidad” que atraviesan estas personas.

CONCLUSIONES

Entre las conclusiones, resalta el impacto “histórico” del modelo punitivo que, según UNAD, ha contribuido a la construcción del imaginario social del usuario como “delincuente, enfermo y responsable de su propia situación”.

Además, la investigación “alienta” a la incorporación del modelo de justicia social y señala como “esencial” tener en cuenta las “opresiones y vulnerabilidades” relacionadas con los diferentes ejes de desigualdad, incluyendo sexo-género, edad, raza y país de origen, entre otros.

El documento también muestra que la reducción de daños debe tener en cuenta la salud para “atender y acompañar”; la vivienda, debido al "incremento" de la cifra de personas que utilizan sustancias en situación de sinhogarismo; el plano afectivo para tratar las desigualdades y las violencias, ya que, según la red, los usuarios “son víctimas de múltiples de ellas”.

Junto a ello, en la obra se expone la “grave desigualdad” en la distribución de recursos entre territorios urbanos y rurales y la necesidad de elaborar un mapa de recursos estatal de reducción de daños, así como la importancia de “reducir el asistencialismo y promover redes de apoyo comunitarios y cuidados colectivos”.

El trabajo aborda también las características de las personas usuarias de sustancias, el patrón de consumo y el contexto social donde se enmarcan y, para llevarlo a cabo, la red utilizó una metodología cualitativa y descriptiva basada en una población diana representada por personas que utilizan actualmente los servicios y programas de reducción de daños.