Según informó la red de organizaciones en un comunicado, el Anteproyecto de Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros en marzo de 2024. Sin embargo, debe ser revisado y aprobado de nuevo por el Ejecutivo antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

Asimismo, manifestó su "preocupación e indignación por la falta de voluntad política y los retrasos acumulados" en este proceso. Coincidiendo con el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, celebrado el 18 de octubre, las entidades denunciaron que "continúan acumulándose los retrasos y dilaciones" en el proceso legislativo.

Las más de 30 entidades que integran la RECTP llevan "más de diez años trabajando" para que España cuente con una ley integral que aborde todas las formas de trata. La organización participó activamente en el trámite de audiencia pública del anteproyecto haciendo llegar "un extenso documento de propuestas" basado en su experiencia de intervención.

OBLIGACIONES INTERNACIONALES

La Rectp recordó que diferentes instancias internacionales han recomendado recientemente al Estado español la adopción de una ley integral contra la trata. Entre estas instancias citó al Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa, el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos.

España tiene la obligación de trasponer al marco normativo interno el contenido de la nueva Directiva Europea 2024/1712, aprobada en 2024, sobre la lucha contra la trata. Esta norma "amplía las definiciones y medidas de protección ante todas las formas de explotación" y obliga a los Estados miembros a adoptar leyes integrales.

En el marco de la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, España tiene "la oportunidad de garantizar mecanismos de detección, identificación y protección" a todas las víctimas de trata y explotación. La Rectp insistió en que la futura ley debe "incorporar las perspectivas de derechos humanos, infancia, discapacidad, interseccionalidad y género".

Distintas políticas nacionales contemplan la voluntad del Gobierno de aprobar una ley orgánica integral contra la trata. Entre estas políticas figuran el Segundo Plan de Derechos Humanos, el Plan Operativo para la protección de las mujeres víctimas de trata y la Estrategia Estatal contra Violencias Machistas.

CIFRAS OFICIALES

Según datos oficiales del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado del Ministerio del Interior, en 2024 solo 1.794 personas fueron identificadas formalmente como víctimas de trata y explotación. Esta cifra contrasta con las más de 7.697 víctimas potenciales detectadas en situación de riesgo por trata de seres humanos en lugares de prostitución.

Los datos oficiales "no reflejan la dimensión real de la trata como grave violación de derechos humanos", según denunció la plataforma que subrayó que estas cifras no incluyen las personas detectadas en otros espacios diferentes a los lugares de prostitución.

Las organizaciones de la sociedad civil exigieron al Gobierno que "reafirme su voluntad política en esta materia" y desbloquee el proceso legislativo. Solicitaron la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto en segunda vuelta y que el Congreso tramite el proyecto bajo procedimiento de urgencia.

De no aprobarse la ley antes del final de la presente legislatura, "lamentablemente España continuará incumpliendo con su compromiso con los derechos de las víctimas" y advirtió que el país también seguirá incumpliendo "con sus obligaciones internacionales" en materia de lucha contra la trata de personas. Por último, la Rectp exigió la tramitación urgente de la Ley integral contra la Trata de Personas otro titular que incluya Red española contra la trata de personas