Adicciones

La Red Iberoamericana de ONG de Drogas y Adicciones cumple 25 años con el “reto” de “fortalecer” a un sector “en situación crítica”

MADRID
SERVIMEDIA

La Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en Drogas y Adicciones (RIOD) celebra este 2023 su 25 aniversario con el “reto” de “fortalecerse” después de varias crisis que han dejado “en una situación crítica” a este sector “crucial” para la “mejora” de la vida de las personas que usan drogas, merced a la labor de las 31 entidades que la integran y que trabajan sobre el terreno en 12 países.

Así lo defendieron fuentes de la Oficina técnica de dicha red en declaraciones a Servimedia en las que afirmaron que, en estos 25 años, ha “contribuido” a generar “una mirada más diversa, compleja e integradora” al fenómeno de las drogas y las adicciones “aportando propuestas y soluciones que incluían la reflexión y el consenso de profesionales trabajando sobre el terreno en distintas realidades”.

“Hemos logrado avances como entidades, pero también como red”, sentenciaron, para agregar que, “gracias” a la “visión” de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, que “incentivó” su creación, ha podido trabajar “en clave de cooperación” y “compartir” conocimientos que juzgaron “útiles a ambos lados del Atlántico”.

En este punto, explicaron que, de un lado, la existencia del Plan ha “posibilitado” el sistematizar datos e información desde hace 40 años, así como “desarrollar investigaciones y la implementación nacional de los acuerdos globales”.

Junto a ello, aseveraron que España dispone en la actualidad de “más conocimiento” de la “realidad latinoamericana” sobre el consumo de drogas y su “impacto”, especialmente en poblaciones de “alta vulnerabilidad”. “También, de los desarrollos en el abordaje comunitario, un enfoque efectivo y que es transferible a organizaciones españolas”, deslizaron.

RETOS COMUNES

Los “retos comunes” de la articulación en red, el hecho de poder transferir experiencias “probadas como exitosas”, la aplicación de indicadores para medir e incorporar la perspectiva de género en el trabajo son, a su entender, “solo algunos ejemplos adicionales” de áreas en las que las entidades de ambas orillas han “aprendido mutuamente”.

Con respecto a la “radiografía” de la drogadicción y la evolución del perfil de los atendidos y de los servicios de atención a los drogodependientes de uno y otro lado en estos 25 años, reconocieron que, a pesar de que, en los ámbitos de la oferta de sustancias y modos de uso “los cambios son globales y continuos”, hay “elementos que se han mantenido constantes”.

Unas “tendencias” que analizan a partir de la información que ofrecen los sistemas de alerta temprana en la región y la de los observatorios de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (Cicad-OEA) y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, entre otros.

“Por toda esta actividad de seguimiento nos gusta entender nuestro trabajo como una observación permanente de la realidad social”, sentenciaron, al tiempo que, entre los “hitos” logrados por la red en estos 25 años, hicieron hincapié en el posicionamiento común a la Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass 2016), que estableció una “sólida base de acuerdos en torno a la importancia de unas políticas de drogas respetuosas con los Derechos Humanos; de la despenalización y revisión de la proporcionalidad de las penas y de la lucha contra el estigma, entre otros muchos aspectos”.

MÁS PROYECTOS

“Hemos conseguido hacer de la perspectiva de género un elemento transversal y esencial para todas nuestras socias y también vincular efectivamente las drogas al desarrollo sostenible, siendo conscientes de que es necesario afrontar el fenómeno desde un enfoque bio-psico-social, que tenga en cuenta los determinantes sociales, ambientales y culturales”, apostillaron.

En paralelo, hicieron referencia a la “consolidación” de la “interlocución” de la sociedad civil con instituciones “aliadas” como la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, la Cicad-OEA y el programa de cooperación delegada financiado por la Unión Europea en materia de drogas para países de América Latina y el Caribe, Copolad III, socios a los que agradecieron su “continuado apoyo” a través de una relación que aspiran a “continuar reforzando”.

Con respecto a los principales proyectos en los que está embarcada la red, avanzaron que la vigésimo quinta edición de su seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación se dedicará a “discutir e intercambiar experiencias” sobre la creación de redes y modelos de intervención dentro de las políticas públicas en esta área y en marzo desarrollará una formación en materia de justicia y drogas para “capacitar y sensibilizar” a los funcionarios.

Otra de sus “líneas prioritarias” es “fortalecer” a sus entidades en la construcción de indicadores de evaluación y la medición de impacto con el objetivo de “mejorar y sistematizar” la recopilación de datos que permita a la red “aportar evidencia empírica” a la articulación de políticas públicas, así como el intercambio de “buenas prácticas”, la “internacionalización” de sus socias o la “ampliación y fortalecimiento” de la “voz” del tercer sector especializado en drogas en espacios internacionales, entre otras iniciativas.

“Queremos ampliar la red y crecer, pero manteniendo un equilibrio geográfico que nos permita contar con la visión y las realidades de todos los países de Iberoamérica”, abundaron, para agregar que otro de sus objetivos es “fortalecer” sus “alianzas” con socios “tradicionales” y colaboradores “puntuales” como la OMS, además de “forjar” otras nuevas en el transcurso de un año que la red afronta “con ilusión, cargada de trabajo y con fuerza para afrontar los retos”.

A 2023 la red le pide “25 años más” para poder “continuar cooperando y aprendiendo en red para mejorar la vida de quienes usan drogas y de sus comunidades”, además de que traiga la “consolidación” de “cambios profundos y de calado” como pueden ser la posición y dinámicas de países “clave” como Colombia, México o Estados Unidos de cara a la “revisión” de la política global de drogas hacia un enfoque bio-psico-social, centrado en la reducción de la demanda, basado en la evidencia científica y en el respeto a los derechos humanos y que “considere también a las familias y a las comunidades”.

“Los debates sobre la regulación del cannabis suponen también una buena oportunidad para que sociedad civil y administración colaboren en materia de prevención y de proporcionalidad de las penas. Quisiéramos que se avance en esa línea teniendo en cuenta el saber científico, pero también la voz de los usuarios”, resolvieron.

(SERVIMEDIA)
15 Ene 2023
MJR/clc