Redondo compareció esta tarde en la sede central de UGT, acompañado del actual líder ugetista, Cándido Méndez, y su abogado, Leopoldo Torres, después de que esta mañana el juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, decretase su libertad sin cargos,tras tomarle declaración durante tres días como inculpado en el "caso PSV".

Redondo manifestó que el ex gerente de PSV, Carlos Sotos, el ex secretario de finanzas de UGT, Paulino Barrabés, y el actual responsable de finanzas de la central, Sebastián Reyna, "no han rehuido de su responsabilidad de sus funciones, que eran bien delimitadas, y cada uno ha asumido su responsabilidad, sea ésta la que sea".

El ex dirigente ugestista calificó de "positiva" la resolución del juez Moreiras de ponerle en liertad y adujo como prueba de que UGT no ha querido eludir responsabilidades que, al conocer los problemas, "en vez de retirarnos de la gestora, en la que eramos minoritarios, asumimos el cien por cien de la responsabilidad".

En esta misma linea, Redondo argumentó que el sindicato aportó 10.000 millones de pesetas a la gestora IGS, tras su suspensión de pagos en diciembre de 1993, "y sólo para garantizar las viviendas de los cooperativistas, en un esfuerzo que va a hipotecar a este sindicato durante muhos años".

El ex líder ugetista señaló que la razón de esta aportación a la gestora de la PSV "fue por un imperativo moral y solidario que no podíamos rehuir".

Redondo insistió en negar que la UGT "haya montado PSV o IGS, o que lo haya utilizado como una especie de trama para financiar el sindicato, y mucho menos con la intención de defraudar a los cooperativistas".

Las relaciones de UGT con IGS han sido, según Redondo, "transparentes y documentadas", tanto en lo referido al porcentaje por e apoyo a la promoción de la cooperativa como a la venta de IGS de empresas que pertenecían a UGT.

ADMISION DE ERRORES

Tras admitir que "hemos cometido errores y los estamos pagando", Redondo señaló que si el Gobierno y las entidades financieras apoyan la construcción de las viviendas "esto puede tener una solución a fecha próxima".

Redondo lamentó "el precio social" que ha pagado el sindicato por la crisis de su cooperativa de viviendas, e insistió que "encima hemos aportado una cifra que no lellama la atención a nadie, que son 10.000 millones de pesetas".

Recalcó su condición de "damnificado" cooperativista de PSV de la promoción Tres Cantos (Madrid), para lo que dijo que hasta ahora ha aportado de unos cinco millones de pesetas. Manifestó que declaró al juez Moreiras que el será uno de los últimos que "entre en una vivienda del conjunto de la PSV".

Redondo negó toda responsabilidad del sinicato en la crisis de la cooperativa "porque nosotros no teníamos como sindicato por qué particiar en la PSV, que obedecía a sus órganos rectores y a sus propias asambleas, y que en IGS, como una empresa, respondía a sus respectivos comités y consejos de adminsitración".

Respecto al aval concedido por el Gobierno para la construcción de las viviendas prometidas a los afectados, lo calificó de "positivo", pero criticó que no se hubiesen tomado medidas antes para evitar que "la situación no hubiese llegado al grado al que ha llegado".

Por su parte, Cándido Méndez recalcó el compromiso de la Cmisión Ejecutiva de la UGT con el proceso de construcción de las viviendas.