Así lo confirmaron fuentes parlamentarias tras la Junta de Portavoces de este martes y corroboraron desde el Ministerio de Trabajo a Servimedia, después de que el pasado julio el Gobierno decidiera aplazar para después del verano el debate para un momento político mejor, dado que en julio había “mucho ruido” y un asunto tan “importante” debe trabajarse en las “mejores condiciones” posibles, en palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Lo cierto es que, con este movimiento, el Ejecutivo ganó tiempo para seguir negociando con los socios de investidura, especialmente con Junts, el partido más beligerante con la medida. Si los de Puigdemont unen sus votos a Vox y PP contra esta reforma legal, el texto no podrá ser aprobado. Y, por el momento, los tres partidos mantienen viva la enmienda a la totalidad que cada uno presentó, lo que significa que de prosperar alguna de ellas, la rebaja del tiempo de trabajo ni se sometería a votación, porque sería devuelto al Consejo de Ministros.

En este sentido, el secretario general de Junts, Jordi Turull, señaló este mismo martes, en una entrevista en TV3, que hay “contactos” sobre este tema, pero “no avanzamos porque lo vemos radicalmente diferente”, por lo que este asunto está en el mismo punto que estaba antes del inicio de las vacaciones de verano.

La costumbre parlamentaria suele hacer que los debates de totalidad y toma en consideración se produzcan los jueves, pero el próximo es la Diada de Cataluña, por lo que esta vez tendrá lugar el miércoles 10, la jornada previa, facilitando así que las fuerzas independentistas catalanas voten.

SIN MÁS APLAZAMIENTOS

Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo manifestaron este martes que la rebaja de la jornada es un debate que “ya no admite más aplazamientos”. “Queríamos que se votara en julio. Decidimos dar margen a la voluntad de diálogo y de acuerdo. Hoy ya no se puede seguir esperando: son más de 12 millones de personas trabajadoras las que están aguardando esta medida, que saben que su tiempo es también un derecho”, agregaron.

Además, argumentaron que el mandato de la ciudadanía es “claro”, en tanto que “la mayoría, vote a quien vote, quiere trabajar menos y vivir mejor”. Asimismo, sentenciaron que “el Gobierno ya ha hecho su trabajo” “la ciudadanía ya se ha pronunciado en la calle y en los centros de trabajo.

“Ahora corresponde a los grupos políticos convertir ese consenso social en un consenso parlamentario”, concluyeron estas fuentes de Trabajo consultadas.

Cabe recordar que esta reforma del Estatuto de los Trabajadores, rechazada por CEOE y Cepyme, pero respaldada por CCOO y UGT, que amenazan con movilizaciones si no sale adelante con inmediatez, contiene otras dos grandes medidas: la regulación del derecho a la desconexión digital y el refuerzo del control horario en las empresas, de manera que sea digital e interoperable por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).