La regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular podría impulsar la formalización del empleo extranjero en España, en un mercado donde la afiliación ya alcanza los 3,2 millones de trabajadores (14,5% del total), aunque su impacto macroeconómico sería “limitado”, dado que, aunque podría aumentar la ocupación extranjera en torno a un 17%, el efecto sobre el PIB sería solo “marginal”.