Así consta en una respuesta que el Gobierno remitió el pasado junio al Senado, a la que tuvo acceso Servimedia. El Ejecutivo contestaba a una pregunta escrita de las senadoras del PP Cristina Casanueva (Córdoba), Carmen Belén López Zapata (Almería) e Inmaculada Hernández, designada por el Parlamento de Andalucía.

El Ejecutivo detalla que esa cifra corresponde al gasto total en estos servicios de las Gerencias de Área de Servicio Público y Servicios Comerciales de Andalucía, las dos estructuras de la operadora en la comunidad.

En total, los planes alternativos activados el pasado año en territorio andaluz supusieron un desembolso superior a los 2,8 millones de euros entre autobuses y taxis, según la contestación enviada a la Cámara Alta.

LA LÍNEA DEL SUR

Este dato se conoce tras el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo), donde la colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo dejó al menos 69 muertos, según el balance provisional, y más de 180 heridos.

El dato trasciende además después de que el pasado 18 de enero un Iryo descarrilara en Adamuz (Córdoba) e invadiera la vía por la que circulaba un Alvia de Renfe, en un accidente que dejó 46 fallecidos. Los siniestros de Adamuz y Urda se produjeron en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Por lo que se refiere a gasto en autobuses y taxis en Andalucía en 2025, la respuesta del Gobierno no distingue qué parte del gasto correspondió a autobuses y cuál a taxis, pese a que las senadoras populares pidieron expresamente que se indicara "por separado".

Tampoco recoge el número de incidencias ferroviarias que obligaron a recurrir a estos dispositivos en Andalucía a lo largo de 2025, otro de los datos solicitados en la iniciativa, registrada el pasado 22 de mayo.

En su lugar, el Ejecutivo sostiene que el servicio ferroviario "se presta de manera continuada con altos niveles de regularidad" y que estas actuaciones fueron "puntuales". Según el texto, los planes alternativos respondieron a "diferentes situaciones operativas", entre ellas averías, incidencias en la infraestructura y condiciones meteorológicas adversas, que exigieron su activación "en distintas ocasiones a lo largo del año".