Los responsables de la SEPI, que preside Victor Pérez Pita, podrían tomar una decisión en firme en su reunión de mañana, con el fin de que eleve la propuesta definitiva de la Sociedad a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del jueves y poder aprobar la operación en el próximo Consejo de Ministros.

En cualquier caso, han señalado las mismas uentes, la última decisión sobre el 'paquete' que se enajenará la tomará el Gabinete ministerial, aunque parece asumido ya que se incluyan dos tramos en la operación, uno para colocar acciones de Repsol entre inversores institucionales y otro para hacerlo con minoristas nacionales.

Este último tramo, que inicialmente no se había previsto, forma parte de la recomendación hecha por la SEPI en los últimos días al ministro de Industria y Energía, Juan Manuel Eguiagaray, ante el resultado de los informes d mercado que aseguran la existencia de capital suficiente en los mercados para ampliar la operación inicialmente planteada.

Sea cual sea la decisión que adopte el Consejo de Ministros, los responsables del Ministerio de Industria cuentan desde finales del año pasado con un decreto que regulará las condiciones de la privatización, y los derechos que el Estado se reservará en la toma de decisiones de la petrolera, una vez haya perdido la posición de dominio que ahora ostenta.

De llevarse a cabo unaprivatización de alrededor del 11%, la participación del Estado en Repsol pasaría del 21% actual a cerca del 10%, lo que obligaría a aplicar la Ley de Enajenación de Participaciones en Empresas Públicas, otorgando al Gobierno la capacidad de autorizar previamente operaciones que afecten al futuro de la petrolera.

Entre dichas reservas del Estado figura la potestad de someter a autorización previa operaciones como la disolución, absorción, escisión y fusión, así como la venta total o parcial de títuloso activos de la compañía, siempre que sean esenciales para su actividad o estén ligados a situaciones de concesión pública, como es el caso de los oleoductos. También tendrá el mismo régimen un posible cambio en la definición social del grupo.

Igualmente, deberán contar con autorización previa de la Administración la compra o venta de títulos de la la petrolera en una cuantía superior al 10%.

Por el contrario, el decreto de privatización de Repsol no pondrá objeciones a la venta de activos tales omo gasolineras, ni a los negocios químicos de la petrolera, así como activos que se encuentran fuera del territorio nacional, como es el caso de los campos de producción de crudo en otros países.