Así se pone de manifiesto en un nuevo informe elaborado por Amnistía Internacional, cuyos resultados se publicaron este martes, que evalúa el impacto de las restricciones impuestas por la pandemia en el mundo, las cuales “expusieron a más discriminación y abusos contra los derechos humanos” a los grupos más desfavorecidos.

A partir de una encuesta ‘online’ de 54 organizaciones de la sociedad civil en 28 países, el informe documenta cómo un “enfoque excesivamente punitivo” de la normativa relativa a la covid-19 provocó que “los grupos ya de por sí marginados se enfrentaran a un acoso y una violencia cada vez mayores por parte de las fuerzas de seguridad”.

También pone de manifiesto cómo la pandemia les dejó un “acceso reducido” a servicios esenciales, como el alimento, la atención médica y la vivienda.

A su vez, el 69% de las organizaciones que participaron en la encuesta trasladaron que las respuestas estatales a la pandemia habían agravado las consecuencias negativas de leyes y normas preexistentes que criminalizaban y marginaban a las personas con las que trabajan.

De éstas, el 90% informaron de que las comunidades con las que trabajan se habían visto específicamente afectadas y/o habían sufrido consecuencias desproporcionadas por la aplicación de las medidas contra la covid-19.

Entre otras medidas punitivas, las organizaciones señalaron el uso generalizado de multas, detenciones, amonestaciones, apercibimientos por escrito y órdenes policiales de “circulen” o de no acercarse a algún lugar público.

En ese sentido, el director general de Política de Amnistía Internacional, Rajat Khosla, señaló que “aunque las medidas adoptadas contra la covid-19 han variado de un país a otro, los enfoques de los gobiernos para abordar la pandemia han tenido un defecto común: el énfasis excesivo en el uso de sanciones punitivas contra personas por no cumplir la normativa, en lugar de apoyarlas para cumplirla mejor, tuvo un efecto muy desproporcionado en quienes ya se enfrentaban a discriminación sistemática”.

A su vez, el 71% de las organizaciones encuestadas afirmaron que se había castigado a personas de las comunidades con las que trabajaban por incumplir las medidas contra la pandemia.

Del mismo modo, el uso por parte de los países de medidas punitivas contra la covid-19 también ha creado obstáculos adicionales para acceder a servicios esenciales y apoyo, especialmente para las personas que sufren pobreza y discriminación sistémica.

Las organizaciones encuestadas adujeron que los grupos marginados han sido culpados, incluso por autoridades públicas, de infringir la normativa contra la covid-19 y propagar el virus, lo que ha alimentado la violencia contra éstos, desalentándoles en la búsqueda de atención médica.

Aunque muchos gobiernos adoptaron algún tipo de medidas de protección social, los países no consideraron las realidades sociales y económicas en las que se aplicaron esas medidas, y rara vez proporcionaron un apoyo integral a las comunidades más marginadas, según Amnistía.

Entre quienes han sufrido “consecuencias desproporcionadas”, se encuentran personas que trabajan en el sector informal o en empleos precarios o el colectivo Lgtbi.

Por su parte, el informe aduce que las medidas contra la pandemia tuvieron un impacto negativo en la provisión de servicios de salud esenciales, especialmente los comunitarios, los proyectos sectoriales dedicados a personas marginadas y los vinculados con el aborto y la reducción del daño.

“El situar los derechos humanos en el núcleo de los esfuerzos gubernamentales para abordar las respuestas de emergencia de salud pública no es una consideración opcional, es una obligación”, concluyó Rajat Khosla.