Una mesa redonda convocada para el próximo lunes en Estocolmo (Suecia), que será presidida por la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, se centrará en el futuro de la Directiva Marco del Agua (DMA), la principal norma europea para la protección de ríos, lagos, aguas subterráneas y humedales, según comunicó este jueves la EEB, que es la mayor red europea de organizaciones ambientales.

Desde un enfoque científico, la Directiva Marco del Agua constituye el pilar regulatorio que obliga a prevenir el deterioro de las masas de agua y a alcanzar el “buen estado ecológico y químico”. Según los últimos datos disponibles ofrecidos por la Agencia Europea de Medioambiente (European Environment Agency/EEA), organismo adscrito a la UE, "solo el 39,5% de las aguas superficiales de la UE se encuentra en buen estado ecológico", lo que apunta, según los expertos ambientales del EEB, "a un déficit de aplicación y cumplimiento más que a un exceso de exigencia normativa".

El European Environmental Bureau mostró su preocupación porque "en la reunión de Estocolmo predominan representantes del sector minero, metalúrgico y siderúrgico, junto con agencias públicas suecas", mientras que la participación de la sociedad civil "quedaría reducida a un papel observador". A su juicio, este desequilibrio podría "condicionar el debate en un momento clave para la gobernanza del agua en Europa".

CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS

Desde la perspectiva de la ciencia ambiental, los riesgos no son abstractos, según esta asociación internacional. Las actividades extractivas pueden generar contaminación por metales pesados, como el mercurio, y alterar de forma profunda la morfología y el funcionamiento de cuencas hidrográficas. La degradación de ríos y acuíferos repercute directamente en la calidad del agua potable, en la biodiversidad y en la capacidad natural de los ecosistemas para filtrar contaminantes y amortiguar sequías e inundaciones.

El EEB recordó además que no alcanzar el buen estado de las aguas superficiales "supone una pérdida estimada de 51.100 millones de euros anuales en beneficios asociados a servicios ecosistémicos, salud pública y usos económicos sostenibles". Desde el ámbito científico y económico, este dato refuerza la idea de que "relajar los estándares" podría trasladar costes adicionales a los sistemas de abastecimiento, a las autoridades locales y, en última instancia, a los hogares.

La responsable de políticas de agua del EEB, Sara Johansson, subrayó que “sacrificar nuestra agua por el sector minero sería un movimiento imprudente”, ya que permitiría “más contaminación en el agua potable y degradación de ríos, lagos y aguas subterráneas”, además de generar un precedente que "penalizaría a quienes han invertido en tratamiento y depuración".

El responsable de materias primas y justicia de recursos en la organización, Diego Marín, señaló que si la minería y el acero lideran el debate sobre una eventual flexibilización de la norma, “no sería una consulta equilibrada”, sino un proceso que "podría redefinir prioridades ambientales sin una base científica amplia" y sin participación significativa de las comunidades afectadas.

La DMA fue evaluada recientemente en el marco del programa europeo de adecuación normativa y considerada “apta para su finalidad”. Para numerosos expertos en gestión hídrica consultados por esta asociación de entidades medioambientales, "el reto principal reside en cerrar las brechas de implementación, reforzar la vigilancia, mejorar la planificación hidrológica y acelerar la restauración ecológica, más que en rebajar requisitos".

RESILIENCIA TERRITORIAL

En un contexto marcado por el cambio climático, el aumento de fenómenos extremos y la creciente presión sobre los recursos hídricos, la evidencia científica apunta a que la protección de las masas de agua es un factor clave de resiliencia territorial. Cualquier modificación de la normativa, según sostiene la EEB, debería basarse en "datos sólidos, análisis de impacto rigurosos y procesos transparentes que integren a la comunidad científica, la sociedad civil y los sectores económicos implicados".

Además, la EEB instó a la CE a "mantener el acceso público a la información sobre el proceso de revisión", a garantizar que las salvaguardas ambientales "no se debiliten para acelerar proyectos extractivos" y a asegurar que la gobernanza de las materias primas "no prevalezca sobre las evaluaciones ambientales, la planificación territorial y la protección de la naturaleza". La decisión sobre el futuro de esta Directiva no solo afecta a la competitividad industrial, sino a la calidad del agua que beben millones de ciudadanos, a la salud pública y a la integridad de los ecosistemas europeos, concluyeron los expertos del EEB.

La Agencia Europea de Medioambiente, por su parte, constató en sus evaluaciones oficiales que el progreso hacia los objetivos fijados para 2027 "es insuficiente y que persisten brechas significativas de aplicación en los Estados miembros", lo que pone de relieve la necesidad de mejorar la implementación de la Directiva Marco del Agua.