García Ortiz, que está procesado por un presunto delito de revelación de secretos y a la espera de sentarse en el banquillo en el Tribunal Supremo, acudió a La Zarzuela para entregar la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024, que recoge la actividad del Ministerio Fiscal desarrollada durante el año inmediatamente anterior al de su publicación, así como la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. En ella se recogen también las observaciones de las Memorias que los Fiscales de los distintos órganos elevan a su vez al fiscal general del Estado.

Esta audiencia tiene lugar apenas dos días antes de que este viernes se celebra la ceremonia de Apertura del Año Judicial, presidida por Felipe VI. Además, llega en medio de la polémica por el procesamiento del fiscal general, confirmado por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, por revelar supuestamente secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta circunstancia llevó a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular en esa causa, a pedir la suspensión del fiscal general.

Pese a la controversia por los hechos que le sentarán en el banquillo de los acusados, el fiscal general del Estado mantiene el apoyo firme del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este mismo lunes durante una entrevista en TVE afirmó que cree en su inocencia y defendió que no hay pruebas suficientes para sentarle en el banquillo.

TRES PODERES

El Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Intervienen, pues, en su nombramiento los tres poderes del Estado. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Tiene carácter de autoridad en todo el territorio español, recordó la Casa del Rey en su web.

El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (artículo 124.1 de la Constitución Española).

Conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad, el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios (artículo 124.2 de la Constitución Española).