Ribera hizo esa consideración en una entrevista en Onda Cero, recogida por Servimedia. “Confío en los socios parlamentarios y los que no lo son. Espero que no haya nadie que se atreva a decir que no”, indicó respecto a esas normas.

El Consejo de Ministros aprobó en febrero del año pasado sendos proyectos de ley sobre normativa básica para los bomberos forestales y los agentes forestales y medioambientales con el fin de que tengan unas condiciones laborales y profesionales equivalentes en toda España, pero ambos decayeron con el adelanto de las elecciones generales al pasado 23 de julio.

Esas dos figuras están actualmente reguladas por las comunidades autónomas conforme a sus competencias, lo que provoca desigualdades entre los trabajadores. Se trata de dos colectivos que suman unas 20.000 personas.

“Este uno de los temas que más me motiva en términos emocionales”, comentó Ribera, antes de agregar: “Tenemos que cuidar a los que nos cuidan”. Ribera subrayó que desde el Gobierno están realizando “una ronda con todos los grupos parlamentarios” porque pretende “recuperar” esas leyes.

“Es fundamental que cuenten con unas normas y con unas garantías básicas en todo el territorio, con independencia que puede haber territorios autonómicos en los que haya mejoras, pero, como mínimo, debe haber una norma básica en materia de calificaciones profesionales, condiciones de trabajo, reconocimiento…”, comentó.

UN POCO DE HISTORIA

España lucha contra los incendios forestales desde mediados del siglo XIX, lo que queda reflejado en normas como las Ordenanzas Generales de Montes de 1833 o la real orden de 1858, en las que se configuraba una administración forestal de defensa contra incendios forestales.

El de los agentes forestales y medioambientales es uno de los cuerpos de funcionarios más antiguos de España. Nacieron por una real ordenanza de 1677, que estableció la necesidad de grupos de personas especializadas en la protección de masas arbóreas y la vigilancia de animales salvajes.

Los antecedentes más cercanos de estos agentes son la Guardería Forestal del Estado, creada con la Ley de Montes de 1966, y los sistemas de vigilancia del agua de las confederaciones hidrográficas.

Sin embargo, las comunidades autónomas han asumido las competencias con el cobijo de la Constitución de 1978, con lo que actualmente hay divergencias de las condiciones laborales al no existir un contenido básico común para todo el país.