“Nuestro compromiso es cero pozos ilegales y, evidentemente, una reducción paulatina de los pozos que sí son legales, en la medida en la que vayamos aportando agua de superficie poder ir clausurándolos para facilitar la recuperación del acuífero cuanto antes”, apuntó Riera en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Servimedia.

Ribera subrayó que su departamento ha cerrado 239 pozos ilegales desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, con momentos en que responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tuvieron que ser “acompañados por la Guardia Civil”. “Esto me parece muy dramático. No puede ser. Todo el mundo está llamado a cumplir con las normas, también las normas ambientales y las normas de agua”, dijo.

Además, se han cerrado más de 400 pozos legales que contaban con concesión de extracción de agua, pero generaban una presión sobre el acuífero de Doñana. Su cierre ha sido posible a medida que se ha llevado agua desde la cuenca del Tinto y el Piedras a esas zonas.

“Es importante que la sociedad entienda por qué esto debe ser así. No vale pensar que, bueno, mientras sea otro el que lo haga y a mí no me vaya nada en ello, miro para otro lado. Porque a la hora de la verdad eso genera un daño enorme. Genera un daño reputacional grande para el producto que sale de allí y genera una desecación de un espacio único en el mundo que también acaba revirtiendo en contra de la comunidad local, que se encontrará con un suelo no fértil o con falta de agua”, explicó.

“IMPRESCINDIBLE”

Ribera consideró “imprescindible” que los agricultores cumplan las normas sobre el agua para recibir ayudas del Estado si quieren abandonar su actividad o cambiar a cultivos de secano o agroecológicos.

“Es impensable que aquel que tenga un título sobre un determinado suelo y que esté extrayendo agua de forma ilegal pueda solicitar ayudas. Lo primero que habrá que hacer es dejar de extraer agua y levantar todas esas instalaciones vinculadas a la extracción ilegal de agua. Y, después, veremos si cumple y se compromete con las con las condiciones de esa convocatoria de ayudas de hasta 7.000 euros por hectárea en función del cultivo durante 10 años y con un compromiso de permanencia durante 30, o esas ayudas de inferior cuantía cuando se trate de cultivos de secano o de cultivos agroecológicos”, comentó.

Por otra parte, Ribera comentó, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Servimedia, que el acuerdo por Doñana firmado este lunes con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, está pensado para los cerca de 200.000 habitantes de los 14 municipios del área de influencia socioeconómica del espacio protegido, no necesariamente agricultores.

“Lo que sí se hace es proponer una serie de medidas de acompañamiento para quienes quieran transformar el suelo agrícola hoy en bosque, en reforestación, en renaturalización y, por tanto, una reducción importante de la demanda de agua en cultivos de secano o en agricultura ecológica”, indicó.

En cuanto al Estado, aportará hasta 7.000 euros anuales por hectárea durante 10 años y con compromiso de permanencia por 30 años para reforestación, 2.500 euros cuando el suelo se transforme en secano durante cinco años o 1.000 euros adicionales para la agricultura ecológica.

“EN BUEN ESTADO”

Ribera destacó que las medidas adoptadas por el Gobierno desde el año pasado y las que se pondrán en marcha tras el acuerdo con la Junta de Andalucía “permiten garantizar un buen estado de Doñana”.

“Con estos más de 700 millones comprometidos por el Estado, entre las intervenciones netamente ambientales y estas nuevas propuestas de índole económico y social, estamos facilitando el que a los vecinos vivan con orgullo esa vecindad del valor añadido de Doñana y con oportunidades que no dependan solamente de la extracción de agua, y que podamos recuperar el ecosistema y garantizar que siga vivo en buen estado por mucho tiempo”, apuntó.

Por último, Ribera comentó a Cadena Ser Andalucía que hace unos días comunicó al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicus, en Bruselas (Bélgica) que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía estaban cerca de alcanzar un acuerdo por Doñana.

Añadió que Sinkevicius mostró este lunes su satisfacción, lo que consideró “una buena noticia” que desde organismos internacionales vean que existe ya un acuerdo para “garantizar un desarrollo socioeconómico que sea compatible con una gestión razonable del agua y de los ecosistemas”.