Así lo indicó durante la sesión de control al Gobierno después de que el diputado del PP Guillermo Mariscal le reprochase los resultados del tope al gas aprobado por el Gobierno y la importación de gas desde Rusia, que ha crecido durante 2022 a pesar de la guerra.

Ribera apuntó que observarán “de qué modo la transición ecológica se acelera a su pesar” y pese a “los intereses de quienes quieren que la transición energética se pague al coste del gas y no a un coste mucho más barato, el de las energías renovables”.

La vicepresidenta tercera agradeció el interés del diputado de la bancada popular para “poder hablar de política energética”, algo que “resulta complicado” porque “están concentrados” en la “defensa de la gente de bien más que en la defensa de los consumidores energéticos”, dijo, en referencia a las palabras que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pronunció en el Senado este martes.

Asimismo, se defendió de los ataques afirmando que, con el tope al gas, esta materia prima ha pasado de un precio de 160 euros el megavatio hora a estabilizarse en 60 y aseguró que, en su ausencia, “los españoles hubieran tenido que pagar un 30% más”, alrededor de 5.000 millones de euros.

Por otro lado, ante las críticas del diputado del BNG Néstor Rego por el despliegue de plantas fotovoltaicas y eólicas en Galicia tras “eliminar las declaraciones de impacto ambiental y la participación ciudadana”, la ministra aseguró que esto no se ha eliminado y se mantiene el “rigor ambiental en el despliegue de energías renovables”.

No obstante, el diputado gallego acusó a la ministra de apostar por el “neoliberalismo puro y duro” en el despliegue de estas plantas dejando a las empresas “elegir dónde instalarse” frente a un “modelo programado con una definición previa de espacios y condiciones adecuadas” que defiende su partido.

Ribera respondió afirmando que no se tramita “ningún procedimiento” si “no existe una garantía de acceso para evacuar esa electricidad” lo que ha “frenado” una “avalancha” de proyectos y, pese a que se trata de un procedimiento “agilizado”, evita que se produzcan instalaciones en espacios marinos, de líneas de más de 15 kilómetros o líneas áreas, que no afecten a ninguna superficie que cuente “con alguna figura de protección ambiental”.

Asimismo, explicó que las empresas deben presentar un informe de protección ambiental y un resumen del proyecto. “Los expertos en la administración son quienes deberán vigilar que esto sea así y a la menor duda vuelve al procedimiento ordinario. Más agilidad no puede estar reñido con protección ambiental”, apuntó.