En concreto, los incentivos correspondían a una reducción de la base imponible del Impuesto de Sociedades y de un crédito fiscal a las inversiones establecidas a mediados de los años 90 en los territorios históricos a favor de determinadas empresas.

Las decisiones adoptadas en 2001 por la Comisión Europea, además de declarar incompatibles las ayudas con el mercado común, dispusieron que el Reino de España estaba obligado a suprimir en lo sucesivo los efectos de los regímenes de ayudas y suspender las ayudas pendientes de pago; así como recuperar las ayudas que se concedieron a las empresas.

Para el Gobierno rioojano, la sentencia dictada hoy "constata que España ha incumplido ambas obligaciones", según informó en una nota.

Asimismo, el Ejecutivo regional espera que "tomen buena nota quienes están intentando que prospere el blindaje del concierto económico vasco".