El nuevo responsable de Política Territorial, que agradeció a Joaquín Leguina, presidente del Gobierno autónomo, la confianza demostrada al ofrecerle el cargo, deseó que Eduardo Mangada, su antecesor al frente de la consejería, de quien dijo que aprendió mucho, desarrolle la "Operación Campamento", si asílo desea.

Explicó que el área de la que a partir de hoy es responsable no le es extraña, porque fue vicepresidente del Consejo de Municipios del Area Matropolitana de Madrid, "por lo que conozco a la gente que trabaja en esto y espero retomar los asuntos pronto, elegir a mi equipo y decidir el futuro de la acción en la comunidad", afirmó.

Señaló que el urbanismo de Madrid es bastante complejo y aseguró que asumirá los retos puestos en marcha por el anterior consejero, aunque reconoció que ambos tene características personales muy diferentes

Rodríguez Colorado expresó su deseo de entendimiento con todas las instituciones de Madrid, con las que aseguró ser respetuoso, para desarrollar una buena gestión.

Dijo mantener unas buenas relaciones con el alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, "a quien conozco personalmente desde hace muchos años y con el que mantengo buenas relaciones".

"Mi mira será siempre el bien de los madrileños y el programa de mi partido", añadió.

Rodrguez Colorado manifestó su oposición a la unión de Urbanismo, Transportes y Vivienda en una sola Consejería y abogó por la estructura que ahora tiene la Comunidad de Madrid.

"El urbanismo exige reflexión, planificación y sosiego para tomar decisiones, mientras que el transporte pide unas actuaciones día a día en asuntos más inmediatos como el Metro o los autobuses. Ambas actividades deben estar separadas en beneficio mutuo", explicó.

REPROCHES

Al término de la toma de posesión, el nuevo consejeo de la CAM se refirió a la denuncia presentada ayer, viernes, contra él por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en la que le acusan de cometer un presunto delito continuado de prevaricación y otro contra la libertad sindical, durante su mandato al frente de la Dirección General de Policía.

En la querella, el SUP acusa a Rodríguez Colorado de cometer los delitos al suspender de empleo y sueldo a más de 60 funcionarios sospechosos de haber interferido las comunicaciones policiales para proferir exresiones injuriosas contra la dirección durante la manifestación de policías del pasado 12 de junio.

Rodríguez Colorado afirmó que en retribuciones económicas, horarios y el desarrollo de la libertad sindical los funcionarios poco le pueden reprochar a lo largo de estos años.

"Que hayamos tenido unos incidentes al final o una situación que yo consideraba que debía actuar con el reglamento disciplinario en la mano por las actuaciones en la calle de unos policías, que sigo reprobando, no debe enturiar unas relaciones que no han sido malas a lo largo de casi cinco años", concluyó.