En el escrito redactado por el nuevo abogadodefensor de Roldán, Eugenio Rubio, al que ha tenido acceso la Cope, éste solicita la declaración como testigos, además de González, de antiguos ministros socialistas; del general Rodríguez Galindo; del ex responsable del Cesid, Emilio Alonso Manglano; la propia juez instructora, y de los 118 testigos que ya lo hicieron durante la instrucción.

Eugenio Rubio señala en el escrito que el Cesid tuvo en su poder, durante la época en la que Roldán estuvo al frente de la Benemérita, "informes, notas informatias o notas de despacho sobre irregularidades en el manejo de los fondos reservados asignados al Ministerio del Interior y a su Secretaría de Estado para la Seguridad".

Rubio alega falta de tiempo para ponerse al tanto de la instrucción del caso del que tiene "un conocimiento mínimo y no exhaustivo de los hechos que se le imputan a su defendido", según consta en el escrito.

Acto seguido rechaza los delitos de malversación, estafa, cohecho, prevaricación, delito contra la hacienda pública y delito e falsedad en documento mercantil imputados a Luis Roldán, y por lo que las acusaciones piden 32 años de cárcel.

Asimismo, el escrito denuncia graves irregularidades en la instrucción del sumario por parte de Ana Ferrer, y solicita la nulidad de las actuaciones por el "proceso inquisitorial" al que ha sido cometido su cliente.

Con respecto a las resoluciones de la Comisión Parlamentaria sobre el 'caso Roldán', el texto de Rubio rechaza la introducción en el sumario de estas conclusiones por estimr que el foro parlamentario depuró responsabilidades políticas que se utilizaron como elemento judicial contra su defendido.

Rubio se pregunta a continuación: "¿no evidencia esto la politización del juez instructor?", para criticar que "los medios de comunicación tuvieron acceso a datos que obraban en el sumario mientras éste estaba declarado secreto para las partes".

Sobre las comisiones rogatorias tramitadas en los juzgados suizos, el documento asegura que se han detectado documentos presuntamete falsos que se incorporan al sumario amparándose en la supuesta comisión, sin permitir la intervención de la defensa.