Así lo explicaron el responsable de análisis de ratings soberanos de la agencia, Marko Mrsnik, y el analista responsable de finanzas públicas, Alejandro Rodríguez, en una rueda de prensa.

Rodríguez explicó que la reforma del sistema de financiación supone más transferencias del Estado a las comunidades autónomas y más participación en los impuestos, lo que “cambia los niveles relativos de financiación”. Según los datos del Ministerio a los que aludió, señaló que la diferencia entre la comunidad mejor financiada y la peor es de 2.500 euros per cápita y esa diferencia bajaría hasta alrededor de 700 euros.

“El sistema está diseñado ya de por sí con la vocación de reducir las diferencias en la financiación relativa entre comunidades autónomas y con los datos encima de la mesa parece que esto en general ocurre”, afirmó el analista de la parte de finanzas públicas. El “riesgo” reside en asignar una mayor cantidad de recursos a más actores, lo que implica “más exposición a las decisiones de gasto que tome cada una de ellas”, de manera que, si alguna comunidad decide “disparar más el gasto”, eso redundará “en el conjunto”, agregó. No obstante, si el Gobierno central decide gastárselo en lugar de asignarlo a las comunidades, “el impacto es el mismo”.

El impacto real dependerá de cómo se gaste, según explicó, de manera que si los nuevos recursos se destinan a cubrir déficits, “la situación mejoraría mucho”, mientras que si se destina a gasto, “la mejora sería menos acusada”.

Alejandro Rodríguez también señaló que una mayor participación de las comunidades en los impuestos, como IVA e IRPF, las expone más al ciclo económico y si se produce una bajada del ritmo de crecimiento y menos recaudación, “se verían afectadas”. También, con mayor opcionalidad para las comunidades se pueden producir divergencias, según diagnosticó. Igualmente, la propuesta implica una presupuestación más compleja y “va a generar mucha oposición política”.

Del otro lado, Rodríguez apuntó que los recursos “no salen de la nada”, sino que “se detraen del Estado” y “eso significa que el Estado de alguna forma pierde un poco de margen de actuación” en un momento de apelación a gastar más en defensa.

En cuanto a la condonación de deuda, desde S&P reiteraron que esta propuesta por sí sola no resuelve los problemas estructurales de las comunidades porque después de la quita seguiría habiendo comunidades endeudadas.

Con el nuevo sistema de financiación, Marko Mrsnik apuntó que actualmente no ven razones para un aumento de las emisiones de deuda, aunque puntualizó que la reforma legislativa está lejos de materializarse.