En el informe de este martes consultado por Servimedia, estos analistas entienden que “el Gobierno debe responder, una a una, a las 600 alegaciones que se han hecho” al proyecto de real decreto y tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el Consejo de Estado deben emitir un informe con su parecer.

Teniendo en cuenta esto y aunque la nueva norma se tramite por la vía de urgencia, los analistas del Sabadell ven difícil que se pueda aprobar en octubre, como prevé el Gobierno. Recuerdan que el texto propuesto es considerado como muy restrictivo por todas las asociaciones sectoriales, principalmente en las exigencias de uso de energía renovable y por los pazos para cumplir con la nueva norma.

El Gobierno explica en su plan 'IA360' que el proyecto de real decreto regula los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital aplicables a los centros de datos y con esta norma, "la sostenibilidad pasa a ser esencial a la hora de priorizar los proyectos de mayor valor para el país". Justifica que el consumo energético de los centros de datos tiene características que lo hacen especialmente exigente para la red y "atender toda esa demanda de energía potencial supondría refuerzos de red pagados por el conjunto de los ciudadanos para garantizar la estabilidad de la red". El texto exige una cobertura del 80% del consumo mediante nueva generación renovable y garantizar que la que se consuma en una hora determinada haya sido producida en esa misma hora, con lo que se muestra crítica la patronal de los centros de datos, Spain DC.

Los analistas del Sabadell reiteran que el impacto para Merlin, cuyo negocio de centros de datos representó un 6% de las rentas en 2025 y podría llegar al 65% en 2032, es “incierto y difícil de valorar” ante los posibles cambios que incorpore el proyecto, si bien la impresión que tienen es que será “negativo, pero no muy significativo”. Estos analistas apuntan que si la CNMC y/o el Consejo de Estado emiten un dictamen negativo, serviría para armar un posible caso en el Tribunal Supremo.

Para ACS destacan que sus proyectos más avanzados están en Estados Unidos y Australia, donde prevé el grueso de sus inversiones, y en España tienen negocio de promoción junto al fondo GIP, pero no de construcción para terceros.

En el caso de Solaria, Sabadell reitera que la norma supondría “nuevas oportunidades” de monetizar sus permisos de conexión y de firmar contratos de compra de energía a largo plazo.