El nuevo artículo 13 bis de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad establece que las intervenciones sanitarias y asistenciales en salud mental deben basarse “en el consentimiento libre e informado y respetar los deseos, la voluntad y las preferencias de cada persona”. También contempla los apoyos necesarios para la toma de decisiones y la consulta de las voluntades anticipadas cuando el paciente no pueda decidir.

La normativa prohíbe las intervenciones involuntarias protocolizadas sin evaluación individual, el mantenimiento injustificado de estas medidas y su utilización con fines punitivos o disciplinarios. Asimismo, establece que las sujeciones y contenciones mecánicas solo deben utilizarse en situaciones excepcionales.

En relación con los ingresos involuntarios, la ley incorpora garantías adicionales y remite al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contempla la autorización judicial previa, salvo en situaciones de urgencia que requieran un ingreso inmediato.

El presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, reconoció que la nueva regulación genera incertidumbre entre algunos sectores profesionales, pero defendió que supone ampliar la protección de las personas en situaciones de especial vulnerabilidad. “Vamos a colaborar y a apoyar al Ministerio para que esta normativa, que llevamos años reivindicando desde la Confederación, se desarrolle con todas las garantías necesarias para todas las partes implicadas”, afirmó.

Según el informe ‘La situación de la salud mental en España’, publicado en 2023 por Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña, el 60,1% de las personas con un diagnóstico de salud mental ha sido ingresado de forma involuntaria. Además, el 40,3% recibió poca o ninguna información clara, suficiente y comprensible sobre su trastorno.

La confederación lleva años reclamando un modelo de atención comunitario y basado en los derechos humanos. En 2023 publicó, junto con el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, un informe sobre tratamientos e ingresos involuntarios que señalaba la necesidad de adaptar la legislación y los protocolos asistenciales a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.