Así lo manifestó Pedro Sánchez durante una rueda de prensa junto al presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en el complejo de La Moncloa tras la VIII Reunión de Alto Nivel (RAN) España–Turquía.

Sánchez consideró que, respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces cuyo mandato lleva caducado más de 2.000 días, “el día de la marmota ha durado demasiado”, en referencia a la famosa película protagonizada por Bill Murray.

“Cinco años incumpliendo la Constitución creo que son demasiados días, y por tanto el partido de la oposición tiene que decidir si quiere ser un partido constitucional o no”, aseveró.

“No se puede poner encima de la mesa otra excusa”, dijo, en defensa del ultimátum que lanzó ayer al Partido Popular para renovar el CGPJ antes de que acabe junio, o el Ejecutivo acometerá una reforma legal para modificar el método de renovación.

Tras aceptar “todas las opciones de mediación” propuestas por la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo, Sánchez defendió que “el Gobierno de coalición, sustanciado por el Partido Socialista y por el Partido de Sumar, propondremos al Congreso de los Diputados una modificación para desbloquear esta inaceptable situación”.

EL PLAN DE GUILARTE

Su objetivo, sostuvo, es “liberar al Consejo General del Poder Judicial del secuestro político en el que lleva asumido como consecuencia del bloqueo del Partido Popular”, y explicó que en el seno del Gobierno se están inspirando “en algunas propuestas que se han puesto encima de la mesa durante estos más de dos mil días”.

Entre ellas, destacó la del actual presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, con la que señaló que “lo que queremos es despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que está haciendo el Partido Popular”.

En este punto, Sánchez quiso dar cifras a la ciudadanía de lo que supone el bloqueo, ya que “a lo mejor puede pensar que esta es una lucha de poder, que no tiene un impacto directo en el día a día de los ciudadanos”.

La situación, dijo, “cuesta a las arcas públicas, es decir, a los ciudadanos y ciudadanas, una media de 12,5 millones al año” y por cada año de los cinco en que no se ha realizado la renovación “el Tribunal Supremo acumula mil asuntos de retraso”.

“Tenemos sin cubrir el 30% de las plazas del Tribunal Supremo, y 72 plazas en tribunales superiores de justicia y en audiencias provinciales”, esgrimió, y añadió que “se ha paralizado la carrera profesional de cientos de jueces, de juezas, de magistrados y de magistradas”.