Así lo dijo durante su intervención inicial ante el Comité Federal del partido en el que remarcó que “gobernar es elegir” y su Ejecutivo, y el PSOE, eligen defender “siempre a la gente de a pie” y protegerla.

Por eso, apuntó que en el texto que se registrará en el Congreso se “prohibirá” que las compañías puedan trasladar los costes a los ciudadanos.

En total, Sánchez sostuvo que con estos dos tributos anunciados ya en el debate sobre el estado de la Nación se recaudarán unos 7.000 millones de euros “en dos años”.

Retó a la derecha al señalar que es el “momento de definirse”, “de decir si se está o no con la clase media y trabajadora" y criticó que “la derecha española ya ha anunciado su oposición” pese a que estos impuestos "existen en países avanzados con gobiernos conservadores”.

En este sentido, indicó que los bancos españoles, "a los que tanto se ayudó en el pasado", pueden "asumir" su contribución al "reparto" de los costes de la crisis. Para justificarlo, Sánchez detalló que el nuevo impuesto recaudará aproximadamente 1.500 millones de euros al año mientras que los bancos han repartido dividendos por más de 3.500 millones de euros en el primer trimestre del año, y el año pasado en su totalidad dieron más de 13.400 millones de euros.

El presidente pidió a las grandes empresas que cualquier beneficio indirecto de esta situación "no engorde" las cuentas de beneficios ni derive en sobresueldos de los máximos directivos, sino que "revierta" en los trabajadores y en los consumidores que están soportando el "azote" de esta crisis.

Lo apuntó después de detallar que entre enero y mayo los ingresos tributarios del Estado han crecieron en 15.500 millones de euros respecto al mismo periodo del año pasado. "Es prácticamente lo mismo que el coste de los dos reales decretos de medidas para paliar los efectos de la guerra", afirmó el presidente en su intento por pedir a las grandes empresas que "hagan lo mismo" y repercutan sus beneficios.

La vicepresidenta Nadia Calviño se reunió ayer, viernes, con las patronales del sector, con banqueros de las principales entidades y con el gobernador del Banco de España para trasladar que el nuevo tributo se impondrá con la intención de no perjudicar el acceso al crédito ni la solvencia de las entidades.

Por su parte, desde las patronales rechazaron la medida por considerar que no ayudará a bajar la inflación ni a mejorar la situación económica, si acaso lo contrario.