Así lo anunciaron fuentes gubernamentales este lunes quienes instaron a varias comunidades autónomas a crear y regular el Registro de Personas Objetoras y cumplir así el mandato establecido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Así, señalaron que, en el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento. Asimismo, explicaron que la Ley Orgánica 2/2010 (reforma 2023) obliga a todas las comunidades a crear un Registro de Objetores. El Consejo Interterritorial del SNS aprobó en 2024 el protocolo por unanimidad, y es de obligado cumplimiento.

Además, recordaron que "la falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres".

Desde el Ejecutivo señalaron que "con este requerimiento, el Gobierno da un paso más para garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad".

El viernes, antes de que se enviase este requerimiento por parte del Ejecutivo, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, señaló que “vamos a cumplir la ley”, pero recalcó que “no voy a permitir que se señale a nadie por la decisión de hacerlo o no hacerlo”.

La consejera madrileña señaló que hasta 2.600 mujeres procedentes de Castilla-La Mancha acudieron durante el pasado año para llevar a cabo un aborto en la Comunidad de Madrid. Matute comentó que publicar una lista de objetores “para lo único que sirve es para señalar”, por lo que incidió en que su obligación como consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid es “preservar los derechos de los profesionales sin que toquen un milímetro de sus derechos”.

Por último, abogó por elaborar una lista en la que los sanitarios que sí quieran practicar el aborto se apunten antes de los que se oponen. “Voy a preservar sus derechos” porque “no se trata de señalar ni demonizar”, concluyó.