Así lo confirmó este martes la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y después de que el Congreso de los Diputados haya iniciado los pasos para crear una comisión de investigación sobre ese tipo de casos en el ámbito católico y de que la Fiscalía haya pedido también que se esclarezcan esos hechos.

Según Rodríguez, en el tema de los abusos sexuales por miembros de la Iglesia Católica, el Ejecutivo está "trabajando con rigor" para "dar cobertura al dolor de las víctimas".

En la misma línea se pronunció la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que recalcó que el Gobierno "lleva tiempo" trabajando "comprometido" en la cuestión de los abusos en la Iglesia y recordó que "la primera ley" que aprobó su Ministerio persigue "todas las formas de violencia hacia la infancia".

De hecho, subrayó, esa normativa recoge que hasta que la víctima no cumple los 35 años no empieza a correr el plazo para la prescripción del delito, algo "fundamental", subrayó Belarra, pues recordó que "hasta que no son mayores, muchos no se dan cuenta de lo que ha pasado" y "no encuentran la fortaleza" para denunciarlo.

Asimismo, agregó, la Ley de protección de la infancia frente a la violencia también establece protocolos de prevención de agresiones sexuales tanto en centros educativos como en otros lugares de ocio donde vayan menores. "No es algo que empieza hoy, sino que llevamos mucho tiempo trabajando en esa cuestión. Vamos a reforzar ese trabajo", zanjó.

Después de que Sánchez hablara con el escritor Alejandro Palomas, tras su denuncia pública de que cuando era niño sufrió abusos sexuales perpetrados por un religioso que era su profesor, el presidente ordenó que se estudiara a fondo esta situación y abrió la puerta a que desde el propio Gobierno adoptaran medidas. "Vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo bien", aseguran, desde el Ejecutivo, después de que se esté estudiando, en detalle, cómo han abordado esta cuestión otros países.

COMUNICADO A LOS OBISPOS

Rodríquez apostilló que ese compromiso y preocupación por parte del Gobierno se los comunicó el propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al presiente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, en la reunión que mantuvieron hace unos días. Rodríguez también aseguró que el Ejecutivo buscará "la mejor fórmula posible" a esta situación "tan reprochable".

Por su parte, el presidente de la CEE defendió en una rueda de prensa en Roma tras reunirse recientemente con el Papa que al Vaticano le parecen "bien" las medidas que había iniciado meses atrás la Iglesia española para atender a las víctimas y prevenir nuevos abusos. Dichas medidas consisten en la apertura de oficinas diocesanas con diversos servicios y una coordinación a nivel episcopal.

En otros países funcionan comisiones de distinto tipo (de profesionales, externas o impulsadas por las iglesias nacionales) para desentrañar esta lacra.