Este documento tiene como objetivo conseguir una mejor prevención, atención y rehabilitación del ictus, basadas en la excelencia clínica y en condiciones de igualdad en todo el territorio, según explicó el Ministerio.

El ictus sigue siendo un problema de salud pública en todo el mundo, asociado a una elevada mortalidad y discapacidad si no se trata adecuadamente. Alrededor de 120.000 personas sufren un ictus y alrededor de 25.000 fallecen cada año en España a causa de un ictus.

Además, es una enfermedad que trae consigo un “enorme sufrimiento y un impacto en todas las esferas de la vida”, señalaron desde el Ministerio.

Se calcula que una de cada seis personas en el mundo padecerá un ictus a lo largo de su vida, siendo la primera causa de discapacidad en Europa y una de las principales causas de muerte.

También, en los últimos años se incrementó su incidencia en un 25% en edades comprendidas entre 20 y 64 años, pese a que es más frecuente a partir de los 65.

PREVENCIÓN

El Ministerio aseguró que esta enfermedad se puede prevenir en un 80%-90% de los casos, actuando sobre estilos de vida y factores de riesgo modificables.

Igualmente, se desarrollaron métodos de diagnóstico y tratamientos “muy efectivos”, basados en la evidencia científica, que mejoran “significativamente” el pronóstico de las personas con ictus.

Para ello, se requiere de una actuación “rápida y especializada” por equipos interdisciplinares, coordinados por Neurología, así como una “adecuada” organización asistencial y asignación de recursos.

Los tratamientos de neurorrehabilitación y la atención de las necesidades en la vida después del ictus son también “cruciales” para disminuir la discapacidad funcional y mejorar la calidad de vida de las personas con ictus.