Así lo manifestó durante el acto de presentación de la Campaña de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ‘Todo estará bien. Porque tienes derecho a abortar. Y a hacerlo en la pública’, en el Ministerio de Sanidad y en el que añadió que en el video de la campaña “se ve como una mujer entra en un centro de salud y dice que quiero abortar”.

A partir de ahí, continuó, “debería encontrar información clara, un profesional que la escuche y un camino fácil para recibir la atención que necesita. Sin embargo, todavía hay mujeres que se encuentran con preguntas que las hacen sentir culpables, por lo que esta campaña nace para decirles que tienen derecho a decidir y que la sanidad pública tiene la obligación de acompañarlas”.

Por ello, subrayó la ministra de Sanidad, “esta campaña cuenta con tres palabras muy sencillas: Y estará bien, decidas lo que decidas, todo estará bien. Cada mujer tiene derecho a vivir su propia experiencia sin que nadie le imponga como tiene que sentirse”.

Del mismo modo, remarcó, “esta campaña interpela a quien tiene la responsabilidad de garantizar que ese derecho se haga en el sistema sanitario”. De hecho, en 2024, ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados.

SANIDAD PÚBLICA

“Este es un dato que nos muestra cuanto nos queda por avanzar para que esta prestación forme parte de la atención habitual de nuestra sanidad pública. Y esto es especialmente grave en algunas comunidades como la de Madrid donde el 99% de los abortos se realizaron en centros privados”, subrayó.

Por ello, Mónica García insistió en que la sanidad pública “debe atender a las mujeres cuando quieren ser madres, estando embarazadas pero también cuando decidan interrumpirlo. Esto requiere formación, organización, profesionales suficientes y una atención adecuada”.

A este respecto, la titular de Sanidad destacó que la objeción de conciencia es un derecho individual y debe organizarse de forma compatible con el acceso efectivo del aborto en la sanidad pública. El sectarismo de un gobierno autonómico nunca puede convertirse en un obstáculo para ejercer un derecho que está reconocido por ley”.

Ante esta realidad, recordó que desde el Ministerio de Sanidad ya se recordó a la Comunidad de Madrid que debía crear el registro de objetores de conciencia. “A 1 de septiembre hemos comprobado que Madrid no ha avanzado más allá de iniciar los trámites de la creación de este registro, por lo que hemos solicitado a la Abogacía del Estado que se lleven a cabo todas las medidas oportunas para que cumpla la ley”.