Según informaron hoy fuentes judiciales, en el escrito, remitido por la Junta de Personal del Territorio Histórico de Alava, los secretarios judiciales consideran especialmente desgradable el hecho de tener que hacer estas diligencias ya que, a su juicio, pueden alterar la covivencia natural entre ellos y los ciudadanos.

Asímismo, estiman que realizar dichos registros entraña incluso un riesgo personal porque, según ellos, ni siquiera las fuerzas de seguridad tienen control sobre la situación socio-política que vive el País Vasco.

En su escrito, estos funcionarios proponen que, en lugar de ellos, sean los secretarios y oficiales de la Audiencia Nacional quienes se desplacen al País Vasco para practicar los registros y otras diligencias.

Fuentes judiciales indicaon hoy que además de al Decanato, los secretarios judiciales de Alava y de Amurrio también han enviado un fax al juez Baltasar Garzón en el que argumentan su petición de que sean los funcionarios de la Audiencia Nacional los que asistan a los registros dado que ese organismo tiene "una jurisdicción especial".

Asímismo, justifican su postura en el hecho de que los secretarios judiciales de la Audiencia Nacional cobran más dinero que ellos por su trabajo, por lo que estiman que deben ser quienes se trasaden al País Vasco.

Esta reclamación ha sido fuertemente contestada desde dentro de la Audiencia Nacional, donde algunas fuentes han recordado que la ley establece que los secretarios judiciales pueden sustituirse entre si, por lo que los de Alava deben sustituir en las diligencias a los de la Audiencia Nacional.

Asimismo, indicaron que los secretarios judiciales del País Vasco no pueden negarse a cumplir las órdenes de los jueces de la Audiencia Nacional, dado que la competencia de éstos se extinde por todo el territorio nacional.

En este sentido, indicaron que en el caso de que algún funcionario desobedeciera o no diera cumplimiento a las órdenes de los jueces incurriría en el delito de denegación de auxilio a la justicia.

Además, para estas fuentes, la Junta de Personal del Territorio Histórico de Alava no es el órgano para dirigirse al Decanato de la Audiencia Nacional, al tiempo que destacaron que, en su caso, sus peticiones deberían ser planteadas ante el Ministerio de Justicia e Iterior.