Esa es una de las medidas recomendadas por la AEC después de que 1.145 personas perdieron la vida el año pasado en las carreteras españolas, lo que supone la cifra más alta desde 2019, que entonces ostentaba el mínimo histórico anual de víctimas mortales en vías interurbanas antes de que las restricciones de movilidad por la pandemia de la covid-19 contribuyeran a reducir la letalidad vial en 2020 y 2021.

El sector de la carretera pidió "volver la mirada hacia las infraestructuras viarias con sensibilidad política", de manera que haya inversiones en la adecuación y mejora de las vías. Según la AEC, extender a toda la red el uso de soluciones tecnológicas (sistemas inteligentes para la interacción de vehículos, infraestructuras y entorno, equipamiento para la detección de peatones, ciclistas o fauna, etc.), de las que ya existen experiencias en España, permitirá reducir la siniestralidad de todos los usuarios, en particular de los más vulnerables (motoristas, ciclistas y peatones).

Tres de cada cuatro fallecidos en 2022 se concentraron en carreteras convencionales, donde la mortalidad subió un 5% en comparación con 2019, último año sin covid-19. Por ello, la AEC apuesta por carreteras 2+1, auditorías e inspecciones de seguridad vial en toda la red convencional, el tratamiento de tramos singulares (intersecciones, accesos, paradas de autobús, etc.), la mejora del estado del pavimento y la adecuación del equipamiento viario.

‘CARRETERAS QUE PERDONAN’

Para reducir las salidas de la vía, tras las cuales el año pasado hubo 480 víctimas mortales, la recomendación es un plan de 'carreteras que perdonan' los errores humanos, con márgenes despejados, eliminación de obstáculos, suavizado de pendientes y sistemas de contención de vehículos para todas las tipologías de usuarios.

Según la AEC, el contexto actual, con la adenda de los fondos Next Generation de la UE en fase de tramitación, supone "una magnífica oportunidad" para poner en marcha estas medidas tanto en la Red de Carreteras del Estado, como en las de las comunidades autónomas y diputaciones forales, así como en las vías que gestionan diputaciones provinciales, cabildos y consells. "El potencial de reducción de la siniestralidad que presenta la infraestructura es un elemento fundamental de la movilidad segura y sostenible", concluyó.