"Estoy convencido de que el Gobierno no conoce el alcance económico que puede tener" la ley, aseguró en rueda de prensa el adjunto a la presidencia de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José Luis Guerra, quien se preguntó por qué no se ha planteado una graduación de la puesta en marcha de las medidas recogidas en el anteproyecto como se ha hecho, por ejemplo, en Alemania.

Guerra indicó que según un estudio elaborado hace diez años, en el sector que él representa la prohibición de fumar causaría unas pérdidas aproximadas del 8%.

Además del de la hostelería, en la rueda de prensa estuvieron presentes representantes de los agricultores, productores, fabricantes, bares, restaurantes, discotecas, salas de fiesta, casinos, estaciones de servicio, agencias de publicidad, fabricantes de máquinas expendedoras y estanqueros, entre otros sectores.

Todos ellos aseguran que el anteproyecto afecta directamente a más de cien mil puestos de trabajo y a once millones de fumadores mayores de edad que hay actualmente en España, de los que siete millones son trabajadores fumadores.

Indican igualmente que los impuestos por tabaco aportaron al Estado el año pasado 7.145 millones de euros, a los que habría que añadir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los más de 100.000 puestos de trabajo relacionados y el Impuesto de Sociedades de las empresas implicadas.

TABACO Y EMPLEO

Con respecto a la prohibición de fumar en los lugares de trabajo, el consejero delegado de Aire Limpio, Tomás Higuero, señaló que acarreará una "pérdida considerable" para las empresas, ya que los empleados deberán salir a la calle cada vez que quieran fumar, lo que supone entre 10 y 12 minutos de descanso. De esta manera, continuó, el empresario considerará más rentable contratar a trabajadores no fumadores.

Por su parte, Felipe Plaza, presidente de la Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros (ONAE), aseguró que el 90% de los beneficios de sus negocios proceden de la venta de cigarrillos, por lo que, si la ley sale adelante, tendrán "que cerrar muchos establecimientos", que, sin embargo, ofrecen un servicio público a los ciudadanos al comercializar también otro tipo de productos.

En un texto firmado por los sectores arriba indicados, los afectados señalan que algunas de las medidas, como la prohibición de publicidad, "no deberían suponer menoscabo de aspectos constitucionales, permitiendo el ejercicio de las competencias entre las compañías afectadas".

A este respecto, el secretario general de la Asociación Española de Publicidad Exterior (AEPE), Gregorio Rayón, anunció que si el proyecto de ley sale adelante tal y como hoy está concebido, el sector publicitario recurrirá utilizando todos los medios que tenga a su alcance.

"Debemos insistir en que todos los presentes no queremos que los menores fumen, ni queremos facilitarles la venta del tabaco en nuestros establecimientos, ni queremos exponerles indiscriminadamente a la publicidad del tabaco", señala el texto.