Esta decisión, adoptada por los responsables de ambas entidades, tiene el objetivo de que las empresas exportadoras, especialmente las pymes, resuelvan los problemas que surjan en sus transaccones internacionales por el sistema arbitral, de forma más rápida y económica, según informó en un comunicado el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Las cámaras tienen una red de más de 40 cortes y tribunales de arbitraje para solventar los riesgos comerciales y políticos de las operaciones internacionales, así como insolvencias, quiebras, suspensiones o morosidad prolongada.

En el periodo que va de 1996 a 1998, las cortes de arbitraje de las Cámaras de Comercio dictaron 360 laudos, con una uración media de cuatro meses y una cuantía media de reclamación de 300 millones de pesetas.