Velázqez señaló en la Comisión de Industria que tanto la ITP como Telefónica tienen un plazo de seis meses para recurrir esta decisión y si no se existe ninguna reclamación en contra, se procederá a la disolución definitiva de la mutualidad, mediante el sistema que ordene el Ministerio de Economía.

El presidente de Telefónica informó también a los diputados que actualmente es la Seguridad Social la que corre con las pensiones de ITP, para lo que se asignó un desembolso de 130.600 millones de pesetas a la Teorería General de la Seguridad Social, en la orden del Ministerio de Trabajo del 27 de diciembre pasado.

Esa cantidad es la estimación de la Seguridad Social para cifrar el coste de la incorporación a su régimen general de los pensionistas de ITP, aunque Trabajo ordenó también el adelanto de 75.000 millones de pesetas en el momento en que la Tesorería General comience a pagar las primeras prestaciones. El resto deberá abonarse en 10 años.

Dicho pago, que debería haberse realizado el pasado 1 de jnio, ha sufrido una moratoria de dos semanas, debido al retraso de la Seguridad Social para evaluar las prestaciones a las que tendrán derecho los perceptores de estas prestaciones.

El máximo responsable de Telefónica dijo también que, desde que se produjo la orden del Ministerio de Trabajo, se han acelerado las negociaciones con los sindicatos para acordar un plan de pensiones en la compañía que solucione la situación de los 75.500 trabajadores en activo que han cotizado a ITP y que no podrán cobrar as pensiones acordadas en un principio.

La última propuesta de la dirección, según Velázquez, consiste en acoger en el nuevo fondo a todos los beneficiarios de la ITP, tanto activos como pasivos, garantizando las pensiones de los que ya están cobrándolas y fijando pensiones complementarias para los activos de acuerdo a las cotizaciones que decidan aportar.

De no llegar a un acuerdo con las centrales, la incorporación de todos los trabajadores de Telefónica al Régimen General de la Seguridad Socia sería inmediata y obligaría a los responsables de ITP a pagar al régimen público de pensiones una compensación.

El importe de esas cantidades consistiría en el abono de una cotización adicional a la fijada por la Seguridad Social del 5 por ciento durante un periodo de 5 años y del 2,2 por ciento a lo largo de otros 20 años.