Según anunció el pasado 23 de marzo la portavoz del PP en el Senado, Alicia García Rodríguez, el partido persigue con esta moción que "cada niño tenga los apoyos necesarios que necesita".

La moción que defenderán los populares insta al Ejecutivo a garantizar la libertad de las familias para elegir el modelo educativo que consideren más adecuado para sus hijos.

Según el PP, los colegios de Educación Especial están amenazados por la Ley Educativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, propone modificar el artículo 74 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para establecer que "la educación inclusiva será aquella que mejor se adecue a la situación individual del alumno, con el fin de garantizar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y su inclusión efectiva en la sociedad".

El texto del PP reclama también que se derogue la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica, la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para asegurar que los centros de Educación Especial mantengan su función de escolarización.

EL DERECHO DE LOS PADRES

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo quiere que la Administración garantice "el derecho de los padres o tutores a la elección del modelo educativo y del centro docente para estos alumnos".

Así, propone que la ley educativa incorpore que, "en caso de discrepancia entre la propuesta administrativa y la posición de la familia, se priorice la elección efectuada por los padres o tutores legales respecto de la modalidad educativa elegida, considerando en todo caso el interés superior del menor".

Según los datos recogidos en la moción, el alumnado con necesidades educativas especiales asociado a discapacidad supera en la actualidad 292.897 alumnos en el sistema educativo español, representando en torno al 3,6% del total del alumnado. De ellos, aproximadamente el 85% se encuentra escolarizado en enseñanzas ordinarias y en torno al 14,8% en centros o unidades específicas de Educación Especial.

Las discapacidades más frecuentes corresponden a trastornos del espectro del autismo, discapacidad intelectual y trastornos graves de la comunicación y del lenguaje, lo que pone de manifiesto la heterogeneidad de situaciones y la necesidad de respuestas educativas diferenciadas, afirmaron desde el PP.

En este sentido, los populares argumentan en la moción que "la jurisprudencia constitucional ha señalado que la escolarización en centros de educación especial no puede considerarse 'per se' discriminatoria cuando responde a una valoración individualizada orientada al interés superior del menor".

Por otra parte, los populares abogan por potenciar la atención temprana mediante la identificación y valoración precoz de las necesidades educativas especiales y la intervención coordinada entre los ámbitos educativo, sanitario y social.

Del mismo modo, proponen impulsar el desarrollo de funciones de apoyo técnico especializado de los centros de educación especial a los centros ordinarios.

RATIO MÁXIMA

El PP incluye también en la moción que defenderá en el Senado un punto que insta al Gobierno a que el alumnado con necesidades educativas especiales compute, con carácter general y sin perjuicio de su mejora por las Administraciones educativas, como dos plazas a efectos de la determinación de la ratio máxima en aulas ordinarias en las distintas etapas educativas.

Otro de los puntos incluidos por los populares busca reforzar la formación de la comunidad educativa y actualizar los protocolos de prevención y actuación de acoso escolar a los alumnos con necesidades educativas especiales, y llevar a cabo campañas de sensibilización.

Los populares también reclaman que se anticipe el pago de las ayudas al estudio de alumnos con necesidades educativas especiales al inicio del curso escolar para hacer efectivo el derecho a la educación y reclaman que se establezca "un marco de financiación adecuado y suficiente en colaboración con las comunidades autónomas, para llevar a cabo estas medidas".

Por otra parte, el texto reclama que se impulse "la mejora de los servicios de orientación a las familias y alumnos con necesidades educativas especiales, en particular respecto a los programas de transición a la vida adulta".

PRÓRROGA HASTA LOS 21 AÑOS

La moción que llevarán al Pleno contempla también la necesidad de "establecer normativamente la posibilidad de prorrogar la escolarización en centros de Educación Especial, al menos, hasta el año natural en que el alumno cumpla 21 años".

En este sentido el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís, Agrupación Socialista Gomera y Geroa Bai), a instancias del Senador Fabián Chinea de la Agrupación Socialista Gomera, ha presentado una enmienda para añadir un nuevo punto al texto del PP.

En concreto, la enmienda pide que se añada el siguiente texto: "Definir, de acuerdo con las administraciones autonómicas y locales en el ámbito de sus competencias en educación y política social, un itinerario de formación y asistencia para los alumnos con necesidades especiales una vez superados los 21 años de edad".

Por otra parte, Vox ha presentado también una enmienda al texto del PP en el que se incide en que tenga en cuenta "siempre" la voluntad de las familias.

El texto de los de Santiago Abascal introduce también la petición al Ejecutivo para que elabore "un Plan Nacional de Prevención y Detección del Acoso Escolar que aborde, de manera especial, el acoso hacia niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otros trastornos del desarrollo o discapacidades intelectuales, considerando las características particulares de los niños afectados".