El Congreso aprobó la norma con la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, incluido Junts, y fue rechazado por PP y Vox. Eso sí, los ‘populares’ apostaron, en el Senado, por intentar “mejorar” el texto y reducir “cargas” a las empresas para favorecer su crecimiento.

Entre los cambios incorporados por el PP en el Senado, destacan enmiendas encaminadas a simplificar trámites administrativos de las cooperativas y eliminar la obligatoriedad de las webs para determinados casos, facilitar la gestión permitiendo planes de igualdad conjuntos y limitar la dotación del fondo de reserva obligatorio para evitar que se frene el desarrollo y crecimiento de las cooperativas.

Otras enmiendas buscan flexibilizar las obligaciones de las empresas de inserción en situaciones de pérdidas, mejorar la coordinación de las empresas de inserción con los servicios públicos de empleo, fortalecer los incentivos para la contratación de personas que han pasado por empresas de inserción en otras de carácter ordinario y aumentar el control para evitar el “intrusismo”.

El PP también apoyó una enmienda del PNV, con la que se permite que empresas públicas o privadas puedan formar parte del capital de una empresa de inserción cuando no tome el control, ni directo ni indirecto, de la compañía ni se modifiquen sus fines sociales y se salvaguarde el régimen de reinversión de resultados.

TRAMPAS PROCEDIMENTALES

En el debate, el senador del PP Bienvenido de Arriba criticó que el Gobierno haya reformado conjuntamente las leyes de economía social, de empresas de inserción y de cooperativas. “Esta legislatura pasará a la historia por las trampas procedimentales y las decisiones destinadas a impedir el normal funcionamiento del Parlamento”, cargó de Arriba, quien ligó esta circunstancia al “deterioro institucional” que, a su criterio, se está sufriendo con este Gobierno.

“Nunca antes se habían visto tan limitados nuestros derechos parlamentarios, nunca antes se habían congelado de forma sistemática las leyes aprobadas en esta Cámara, nunca antes se había intentado convertir el Parlamento en una simple oficina de validación de decisiones tomadas fuera de las Cámaras”, deploró el senador.

Con críticas al texto se manifestó también la senadora de Vox Paloma Gómez, quien avisó de que esta ley “se puede utilizar para seguir expandiendo un entramado institucional de consejos, observatorios, registro y órganos consultivos que, lejos de facilitar la actividad de la empresa, la entorpezca”.

DESESTABILIZAR EL EQUILIBRIO

Por su parte, la senadora del PSOE María Teresa Pérez previno de que “introducir ahora elementos ajenos al espíritu con el que se construyó esta ley o con el que salió del Congreso de los Diputados no es una modificación técnica, es desestabilizar el equilibrio logrado, es desvirtuar la naturaleza del texto, es hacer tambalear un consenso frágil precisamente porque ha sido honesto y responsable. Y cuando un consenso es frágil porque es honesto, lo responsable no es tensarlo más, lo responsable es protegerlo”.

Mientras, expresaron críticas al texto partidos como el PNV, Junts o Esquerra Republicana, si bien mantuvieron su apoyo a la norma salida del Congreso, por lo que es previsible que todos, o buena parte de los cambios incorporados por el PP, se eliminen en la votación pendiente en la Cámara Baja.

No obstante, tras la votación, el ‘popular’ de Arriba expresó, en declaraciones a Servimedia, su deseo de que se mantengan porque “mejoran la norma”, que es el “objetivo” de su partido con estas enmiendas. En este sentido, agradeció el trabajo de interlocución de su formación con el sector de la economía social, con otros senadores como Lucas Castillo y Gerardo Camps.

Lo contrario manifestaron a esta agencia los socialistas María Teresa Pérez y Adolfo Lander, quienes denunciaron que los cambios del PP “desnaturalizan” la norma y ponen en “riesgo” el “frágil consenso” alcanzado en el Congreso tras una compleja negociación.

CONTENIDOS

En su exposición de motivos, el texto del proyecto de ley detalla que sus objetivos se alinean con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que entiende esta como un concepto que no solo va más allá de la creación de puestos de trabajo, sino que también busca incrementar el impacto social de sus organizaciones.

En lo que respecta a las cooperativas, la futura norma se centrará en potenciar su papel tractor en el sector de la Economía Social y prevé la creación de una Comisión de Igualdad para garantizar la conformación y ejecución de los planes de igualdad cooperativos. También se encargará de garantizar el ejercicio de los derechos digitales y la participación telemática de las personas socias.

La segunda pata de esta ley es la adaptación de las empresas de inserción a las nuevas circunstancias económicas y sociales, para sentar las bases comunes para su desarrollo en todo el país, lo que requerirá adecuar la normativa estatal.

Por ejemplo, se revisarán los perfiles de las personas que pueden ser contratadas por las empresas de inserción y se tendrán en cuenta nuevos factores de exclusión adaptados a la actual coyuntura económica, social y laboral.

También se incluye una regulación más detallada de los requisitos de las entidades promotoras de las empresas de inserción y se introducen elementos de flexibilidad normativa para dar estabilidad a las empresas de inserción.

En tercer lugar, se actualizará la norma para adaptar las entidades de la economía social a las nuevas circunstancias socioeconómicas. Esto implicará clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran la economía social para que se puedan incorporar a nuevas fórmulas asociativas.

Otra de las novedades que incluirá la futura Ley de Economía Social es el aumento del porcentaje de reserva de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social, que pasará del 10% al 15%, en cumplimiento con distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Supremo.

Ello, mientras se incorporan aspectos como el reconocimiento del papel “singular” de la ONCE como agente del tercer sector y se añade la definición específica de economía social de los centros especiales de empleo de iniciativa social (Ceeis).

El Ministerio de Trabajo y Economía Social impulsó la norma en la pasada legislatura y se ha dialogado con el sector, con organizaciones como la patronal sectorial Cepes como interlocutores.