La Cámara Alta aprobó varias enmiendas acordadas por PP y Vox sobre la expulsión de inmigrantes que han cometido delitos, aunque el PSOE también ha hecho incorporaciones. Ahora el Congreso tendrá la facultad de retirar, si lo considera necesario, estas modificaciones pactadas por los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal antes de la ratificación definitiva de la norma.

La parte principal de la ley que este miércoles tendrá el visto bueno de la Cámara Alta fue presentada por Junts en el Congreso a comienzos de 2024 y tomada en consideración en septiembre de ese año. Sin embargo, la ampliación del plazo de enmiendas hizo que la iniciativa no se reactivase hasta otoño de 2025 y la norma no fuese aprobada para su envío a los senadores hasta el 12 de febrero de este año.

Durante el debate de este miércoles en el Senado sobre el dictamen que se enviará al Congreso, el parlamentario socialista José María Oleaga sostuvo que las enmiendas pactadas por PP y Vox que contemplan la expulsión de inmigrantes que delincan suponen la “criminalización” de este colectivo y la asunción de la “agenda ultra” por parte de los populares.

“COMPRAR LA AGENDA ULTRA”

Oleaga afirmó que “no hay una relación entre inmigración y delincuencia” e insistió en lamentar que los de Alberto Núñez Feijóo hayan aceptado “comprar la agenda ultra” de Vox. En este sentido, los cambios a la norma introducidos en el Senado pueden ser revertidos cuando la ley vuelva al Congreso.

Sin embargo, en nombre del PP, Francisco Bernabé defendió que es un “clamor ciudadano” que legalmente se haga frente a la “impunidad de los delincuentes” y a la “desmotivación” de las Fuerzas de Seguridad al hacer frente a los delincuentes reincidentes. Asimismo, María Caballero, de UPN, sostuvo que con este texto legal se corregía una “carencia importante” a la hora de hacer frente a los delincuentes.

Por parte de otros partidos, Eduard Pujol, de Junts, defendió la conveniencia de esta ley y criticó que la misma hubiera sido paralizada por el PSOE y sus socios en el Congreso durante cerca de dos años.

Mostraron su rechazo a la proposición de ley Joan Queralt, de ERC, y Mario Zubiaga, de EH Bildu, al entender que se caía con esta legislación en el marco ideológico que viene promoviendo la extrema derecha. Así, Zubiaga habló de que esta ley suponía que se hacía “política con el crimen”.

CAMBIOS EN LA NORMA

La proposición de ley que aprobará este miércoles el Senado asume lo principal del texto del Congreso, pero añade nuevas dimensiones de protección y control. Así, destaca que exige al Gobierno promover acuerdos para que los delincuentes expulsados cumplan sus condenas en sus países de origen.

También se incluye un tipo agravado para hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas cuando el valor de lo sustraído supere los 400 euros. Además, se añaden medidas cautelares específicas para delitos en internet, como la retirada o bloqueo de contenidos ilícitos de forma provisional. Al mismo tiempo, la versión del Senado penaliza con hasta 18 meses de prisión el uso de energía defraudada para alimentar instalaciones de cultivo de drogas.

En cuanto a lo remitido por el Congreso en febrero pasado y que el Senado ha mantenido, la norma permitía imponer penas de prisión, no solo multas, si el autor ha sido condenado al menos tres veces por delitos de la misma naturaleza, incluso si son leves. También se creaba un supuesto agravado específico para el robo de teléfonos móviles y dispositivos con datos personales.

El texto validado por los diputados reconocía a las entidades locales la capacidad de ejercer la acción penal en casos de hurto para proteger el comercio local. Además, se tipificaba el transporte ilícito de combustibles líquidos con penas de uno a cinco años de prisión

Por lo que respecta a Cataluña, en la ley del Congreso se incluía duplicar específicamente el número de jueces de adscripción territorial en Cataluña, pasando de 35 a 70.