La enmienda fue aprobada por 200 votos a favor, 7 en contra y 12 abstencions. Los nacionalistas catalanes se abstuvieron en la votación, mientras que los nacionalistas vascos rechazaron la moción por entender que es competencia de las comunidades autónomas articular las medidas que sean oportunas para garantizar la igualdad de oportunidades en las pruebas de acceso a empleos públicos.

La moción aprobada por el pleno del Senado dice textualmente: "El Senado insta al Gobierno a que elabore la normativa oportuna, para que en las políticas de empleo de las Administraciones Públias se facilite la efectiva integración de aquellas personas que acrediten una discapacidad de naturaleza psíquica o sensorial, siempre que esta discapacidad no inhabilite para las tareas propias del puesto al que se aspire, mediante adaptaciones en las pruebas de selección y la aplicación de porcentaje de reserva de plazas en los procesos de promoción interna".

La moción fue defendida por la senadora socialista Isabel Flores, quien recordó que la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) etablece la obligatoriedad de que las empresas públicas y privadas con más de 50 trabajadores fijos empleen no menos del 2 por ciento de la plantilla de trabajadores de estas características.

La moción insta también a que se fomente la difusión de estas medidas a los órganos administrativos responsables de los procesos de selección. Asimismo, en lo que se refiere a empleo público, se insta al Gobierno a que continúe con el estudio y la propuesta de todas aquellas medidas que se consideren necesarias, afin de que los discapacitados psíquicos y sensoriales puedan beneficiarse de las reservas de plaza que les reconoce la ley.