Tras intensas negociaciones durante la mañana de hoy, los grupos parlamentarios firmaron una enmienda transaccional en la que se matiza la propuesta inicial de la Entes, se retira el plazo de seis meses que proponía el grupo catalán para la elaboración de la ley y se incluye un segundo punto referente a una futura ley de grandes ciudades.

Según el texto de la moción, la Cámara Alta insta al Ejecutivo a que, "en el marco de las conversaciones existentes entre éste y la Comisión mixta Generalitat de Cataluña-Ayuntamiento de Barcelona para el desarrollo de la Carta Municipal", se apresure a presentar el citado proyecto de ley.

La Carta Municipal de Barcelona prevéuna serie de competencias específicas para el consistorio de la Ciudad Condal, dadas las características especiales de esta gran ciudad. Fue aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento barcelonés en 1977 y en el Parlamento de Cataluña en 1998.

El segundo punto de la moción, introducido por el PP en la negociación de hoy, urge "a la Comisión de Entidades Locales del Senado para que finalice los trabajos relacionados con el informe que acerca de las grandes ciudades y sus áreas de influencia urbana ha prsentado el Ministerio de Administraciones Públicas".

El ponente de la moción, el senador de Esquerra Republicana de Catalunya Carles Bonet, agradeció el ánimo de los grupos políticos para alcanzar el acuerdo, haciendo especial hincapié en la labor desarrollada por el único senador del PP catalán, Alberto Fernández Díaz.

En declaraciones a los periodistas, Bonet se mostró contrario a una ley de grandes ciudades y defendió que sería mejor leyes específicas no sólo para Barcelona, sino también para adrid, Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Valencia.

El representante de CiU, Sixte Cambra, indicó que el texto de la moción aprobada "elimina todas las dudas sobre la posible inconstitucionalidad" de una ley específica para Barcelona, posibilidad apuntada hace dos semanas por el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada.

El debate en el pleno se vio arropado con la presencia del secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, y el secretario general de ERC, JosepLluis Carod-Rovira.

Un único incidente enturbió el ambiente de consenso del debate, el cruce de acusaciones entre el nacionalista vasco Xabier Albistur y el popular Fernández Díaz, quienes achacaron, cada uno al grupo contrario, tener un carácter "excluyente".