La iniciativa, que será tramitada en la Cámara Alta al tener los populares mayoría absoluta, fue defendida por el PP y UPN, así como por Vox con matices. La criticaron el PSOE y los representantes de los partidos nacionalistas, según se constató en el debate celebrado este miércoles en la Cámara.

La propuesta legal, que se votará a lo largo de este miércoles, busca blindar la presencia e integridad en los edificios públicos de los símbolos oficiales de España. Entre estos se encuentran la bandera, el escudo y el himno nacionales, así como los de las autonomías y entidades locales. Asimismo, se otorga protección especial al "escudo y estandarte de la Casa Real" y a la "imagen del Rey como jefe del Estado".

Las sanciones graves incluyen la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la vulneración de la norma y la pérdida de la "indemnización por cese en el cargo". Para faltas muy graves, se decreta el "cese en el cargo" del infractor. En estos casos, los cargos no electos quedarán inhabilitados para nuevos nombramientos durante "un período de cuatro años". Las faltas leves se resolverán con una amonestación.

La senadora del PP Mari Mar Blanco, que defendió la proposición, señaló que esta ley "es necesaria, porque basta ya de confundir tolerancia con cesión". Sostuvo que "cuando un Gobierno permite que se ultraje a la bandera, el himno y la imagen del rey desde cargos públicos, no está siendo tolerante, está siendo cómplice". La representante popular denunció que "en Cataluña, más del 80% de los ayuntamientos se niegan a poner la bandera española donde corresponde".

NECESIDAD O "BRONCA"

Esta parlamentaria también manifestó que el Gobierno ha "renunciado a defender el Estado" y se ha convertido en "un mero espectador complaciente". Afirmó que "no es libertad de expresión que un cargo público ataque los símbolos oficiales con total impunidad" y que "eso es deslealtad institucional". Asimismo, recordó que "esta iniciativa no persigue ni censura absolutamente a nadie", sino que "fija límites claros como el respeto, la decencia y la neutralidad desde las instituciones".

Asimismo, la también senadora popular María José Pardo defendió que la ley es "total y absolutamente necesaria" tras escuchar las intervenciones de la oposición. Acusó a los miembros del PSOE de estar "arrodillados" y "sumisos" ante los independentistas "para mantenerse en el sillón de la Moncloa" y de haber dicho "sí a injuriar a la Corona, sí a permitir las ofensas religiosas y sí a quemar la bandera de España".

Por su parte, el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, rechazó la iniciativa y acusó al PP de buscar "bronca" y "confrontación" con una proposición que lleva "dos años y cuatro meses metida en un cajón". Defendió que lo planteado es "inconstitucional" y que la formación popular utiliza "los símbolos constitucionales que deberían unirnos justo para lo contrario, para patrimonializar una vez más, para dividir a la sociedad".

"ESTRATEGIA POLÍTICA SOSTENIDA"

El senador de Vox Fernando Carbonell apoyó la iniciativa, pero la consideró "limitada y claramente insuficiente" porque "es una regulación de carácter exclusivamente administrativo". Defendió que "los símbolos oficiales no son elementos decorativos ni patrimonio ideológico de ningún partido, sino que representan la continuidad histórica, la legalidad constitucional y la convivencia entre los españoles".

La senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia calificó la proposición como un intento de "recentralizar alrededor de una España única" y de "homogeneizar el uso de los símbolos de todas las instituciones". Indicó que la iniciativa "invade las competencias que tienen los parlamentos autonómicos y las corporaciones locales en la regulación y uso de sus símbolos" y advirtió de que "cuando un Estado, para proteger los símbolos, va en contra de la libertad y los derechos ciudadanos, no se están protegiendo los símbolos, se está protegiendo de la propia ciudadanía".

Asimismo, el senador de ERC Joan Queralt denunció que la proposición es "anticonstitucional radicalmente" porque "en España no existe una Constitución militante y ustedes quieren hacer una ley militante". Este parlamentario criticó la "ausencia absoluta del principio de legalidad sancionadora" y cuestionó aspectos técnicos como la definición de símbolo aplicada al himno o la imagen del Rey. A su vez, el senador de EH Bildu Mario Zubiaga acusó al PP de tener "un problema de gestión de la pluralidad" y de "imponer una unidad simbólica" mientras reconocen "al resto de símbolos de forma subalterna".

"REGRESIVA" Y "FILOFRANQUISTA"

Además, la senadora de Más Madrid Carla Delgado acusó al PP de presentar "un texto con una intención política absolutamente regresiva, por no decir que roza la censura". Advirtió de que la ley "prohíbe cualquier otro símbolo que se considere partidista" y que "bajo la apariencia de neutralidad institucional, lo que ustedes esconden es censura ideológica". Esta senadora argumentó que la bandera LGTBIQ+ "podría interpretarse como partidista" aunque "el Tribunal Supremo ha reconocido que este símbolo arcoíris no representa a ningún partido político".

Por último, el senador de Junts Francesc Ten calificó la proposición como "filofranquista" y "totalitaria" y denunció que "obliga a los empleados públicos y cargos electos a defender activamente los símbolos nacionales, más allá de la obligación de neutralidad e imparcialidad". Ten afirmó que la iniciativa "introduce un deber de lealtad identitaria impuesto desde el Estado" y que "transforma deberes profesionales en lealtades identitarias obligatorias". El senador independentista aseguró que "en Cataluña imponer la foto del rey y la bandera española es simbología de parte contra Cataluña".