Según el real decreto, los servicios y puntos de recarga para vehículos eléctricos tendrán que ser accesibles para personas con discapacidad.

Por esta cuestión preguntaron tres senadores del Partido Popular, demandando al Gobierno la aprobación de "una normativa estatal que establezca la exigibilidad de la accesibilidad universal de este servicio".

El Ejecutivo, en una respuesta por escrito, recordó que hay dos artículos en el real decreto que ya lo contemplan.

Por un lado el artículo 4, apartado 7, en el que se señala que "el servicio de recarga debe ser prestado en unas condiciones tales que se garantice la accesibilidad universal de las infraestructuras de puntos de recarga de vehículos eléctricos de acceso público".

Por otro, en el artículo 6, apartado 4, donde se apunta que el operador del punto de recarga tiene la obligación de "asegurar la entrada de energía eléctrica en el proceso de recarga de forma eficiente, accesible y a mínimo coste para el usuario y para el sistema eléctrico, procurando un uso racional de la energía".

En base a estos dos artículos, el Gobierno consideró que ya se le está dando respuesta a las demandas de accesibilidad universal.

Aunque indicó que en la actualidad se está discutiendo además a nivel europeo, en el marco del paquete de medidas presentado por la Comisión Europea 'Fit for 55', una propuesta de Reglamento de despliegue de infraestructuras de recarga de combustibles alternativos que establecerá iniciativas adicionales que tendrán que cumplir todos los Estados miembro.