Después de la intervención matinal de los presidentes autonómicos del PP en la Comisión General de Comunidades Autónomas, la sesión de tarde la abrieron 11 senadores designados por sus respectivos parlamentos regionales.

La primera fue la senadora autonómica de Más Madrid, Carla Antonelli, y fue precisamente quien describió la sesión matinal en la que habían hablado los presidentes autonómicos del PP como “un sainete tragicómico” en el que ellos se escucharon a sí mismos. Además, denunció que se trataba de una “comisión preventiva”, como en su día la Guerra de Irak, dado que todavía no se ha aprobado ninguna amnistía.

Luego se dirigió a la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para criticarle la desigualdad en la región y las rebajas fiscales que “sólo benefician a los más ricos” y reducen los recursos para hacer políticas públicas. Y bajó del estrado enfadada porque la presidenta de la Comisión, Luisa Fernanda Rudi, le retiró la palabra al haber consumido su tiempo.

La de Geroa Bai por Navarra, Uxúe Barkos, criticó que los presidentes del PP no volvieran al antiguo hemiciclo del Senado tras haber intervenido por la mañana. Denunció como “abuso” utilizar su mayoría absoluta en la Cámara para escenificar “una conclusión tan previsible como anticipada”: que todos los populares están en contra de la amnistía. Lo consideró “matar moscas a cañonazos”, por emplear muchos recursos para logros “nimios”.

Además, argumentó que la excepcionalidad de una eventual amnistía no invalida la igualdad de los ciudadanos, y que alegar lo contrario es “jibarizar la política”. Finalmente, denunció como “un exceso” implicar en el empeño a las comunidades autónomas, porque con un mapa electoral distinto el PP no habría convocado esta comisión.

Enric Xavier Morera, senador valenciano de Compromís, partió del caso de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá para denunciar la presunta “hipocresía” del PP, que abjuró de ella y ahora la condecora. Además, dijo haberse sentido esta mañana ante un “tribunal de la Inquisición”.

Finalmente, se centró en el presidente de su comunidad, Carlos Mazón, para criticarle los pactos con Vox y estar desmontando algunas de las políticas del Gobierno del Botánic, y que sin embargo acudiera al Senado a criticar el proceso independentista catalán.

Carmen da Silva, senador gallego del BNG, respondió, a su vez, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para convertir su rechazo a estar por debajo de los catalanes debido a la amnistía en una crítica a aspectos en los que según ella Galicia tiene niveles inferiores a otras comunidades por su mala política.

El primer senador autonómico que criticó la amnistía fue Pedro Manuel Sanginés, de Coalición Canaria, quien discutió sus “supuestas bondades” para “normalizar” la situación en Cataluña, recordando que el PSOE hasta ahora la rechazaba y que ahora la abraza. “La única circunstancia excepcional sobrevenida”, contestó, es la necesidad que tiene el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para lograr una nueva investidura.

También calificó de “insultante” el objetivo de “pasar página”, dado que los independentistas catalanes siguen en sus trece y “sin renunciar a la unilateralidad”, sino dispuestos a “reabrir el conflicto”. En su opinión, sólo sería “pasar página hacia atrás”.

NO ESTABA EN EL PROGRAMA

Los senadores autonómicos del PSOE, como los presidentes, renunciaron a tomar la palabra en el debate, así que los otros seis que tomaron la palabra fueron del Partido Popular. En sus intervenciones, volvieron a mostrar su repulsa ante la posible aprobación de una ley de amnistía. Por Madrid, Marimar Blanco denunció que “ni la amnistía ni el referéndum ni los indultos ni los ERE ni la foto de la vergüenza con los herederos de ETA estaban en el programa” electoral del PSOE.

“No es de recibo que la investidura de Sánchez pase por blanquear a aquellos que no han sido capaces de condenar el terrorismo”, aseveró la hermana del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda terrorista ETA. Tampoco lo es, subrayó, “ofrecer amnistías a fugados de la Justicia”.

El senador del PP por Aragón Eloy Suárez Lamata incidió en que “no es de recibo” y “no se conoce en ningún país democrático conceder una amnistía a unos políticos concretos a cambio de votos de su partido”. Se trata, denunció, de “un ataque frontal a cualquier Estado de derecho”. “Una nación se pone en peligro por quien tiene la obligación de defenderla y no la quiere defender”, alertó.

Por Cantabria, el senador del PP Íñigo Fernández también denunció que en las elecciones generales del 23-J “nadie” dijo a los electores “lo que se pretendía poner en marcha”. Por ello, apeló a la conciencia del “resto de socialistas” para que “de verdad hagan algo para poner fin a esta locura”.

El senador Gerardo Camps, elegido por la Comunidad Valenciana, abundó en que la amnistía es “un pago” de Sánchez “a un político fugado por la Justicia” como Carles Puigdemont, además de ser “ilegal” y “una aberración democrática desde el punto de vista político”.

José Manuel Rey Varela, senador designado por Galicia, puso el ejemplo de su comunidad autónoma y la gestión de Alberto Núñez Feijóo a la hora de defender la igualdad. “Ni amnistía ni referéndum ni reparto de la deuda por votos. Ni queremos ser más que nadie ni nos conformaremos con menos”, sostuvo.

En su caso, el senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, también presentó a su comunidad como casa de “la libertad” y también de “la igualdad” y rechazó la amnistía por ser “una solución para connivencia con delincuentes”. En el caso de aprobarse, tendrá “al pueblo de Madrid enfrente”, avisó.