Así lo concluye el informe ‘Justicia social y perspectiva de género en el acceso a la jubilación anticipada’ del Instituto de las Mujeres (Ministerio de Igualdad) y la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

El documento sostiene que la falta de reconocimiento de estos riesgos laborales mantiene una discriminación estructural que impide a muchas mujeres acceder a una jubilación equitativa. Asimismo, la publicación recoge el análisis y la reflexión generados en una jornada especializada, con la colaboración de las expertas en esta materia Carmen Grau Pineda, María Gema Quintero Lima, Matthieu Chabanne y José Luis Tortuero.

El citado sesgo androcéntrico en los procesos de jubilación anticipada deja fuera a muchas mujeres en trabajos feminizados de alto riesgo y deterioro físico al basarse en criterios pensados para sectores y profesiones desarrolladas mayoritariamente por hombres.

En el contexto actual de regulación del marco normativo del sistema público de pensiones para profesiones especialmente penosas, peligrosas o insalubres, este documento pone de manifiesto las desigualdades de género que persisten en el acceso a la jubilación anticipada y plantea propuestas concretas para garantizar una igualdad efectiva de género en el acceso a una pensión “justa”.

En el informe se examinan los factores estructurales que dificultan el acceso de las mujeres a unas condiciones de jubilación anticipada equitativas. Se aborda la brecha derivada de una mayor precarización, la minusvalo­ración de los trabajos que realizan las mujeres y las condiciones en las que los realizan, su dureza o penosidad, la parcialidad en el empleo y las interrupciones de la carrera profesional provocadas por la falta de corresponsabilidad en los cuidados.

Estos factores afectan directa y negativamente a la independencia económica de las mujeres y, en definitiva, al importe de la cotización, lo que aumenta su riesgo de pobreza en la vejez. Además, este informe contiene un análisis “fundamental” para contribuir al reconocimiento y la corrección de las desigualdades de género en el ámbito de la jubilación y supone una inspiración para futuras discusiones y medidas orientadas a garantizar una mayor equidad y protección social.

En este sentido, el documento reclama la incorporación de la perspectiva de género en el procedimiento previo para determinar los supuestos que permiten anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. Esto se haría mediante la aplicación de coeficientes reductores, que reflejen de manera ecuánime las trayectorias laborales de las mujeres y que permitan compensar la brecha en las pensiones considerando las condiciones laborales específicas de las mujeres.