En concreto, denuncia que la TGSS les ofrece como única alternativa la compra de sus viviendas, tasadas "por encima del valor catastral en un mercado viciado", algunas en más de un millón de euros. "La apuesta del Gobierno es clara: expulsar a las vecinas en plena crisis de vivienda, mientras continúa proclamando la necesidad de blindar el derecho a la vivienda", lamentó.

El sindicato explicó que estas viviendas, propiedad del Estado, fueron gestionadas inicialmente por la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), un programa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que promovió el acceso a la vivienda para jóvenes. "Desde la disolución del programa y la reabsorción por parte de la TGSS, los alquileres han subido un 30% y, ahora, el Estado pretende vender estos inmuebles a precios especulativos, sin ofrecer alternativas viables a las vecinas que llevan casi dos décadas habitando sus hogares", denunció.

Para la organización en defensa por el derecho a la vivienda, "lo más escandaloso" es que la TGSS "posee más de 800 viviendas vacías, muchas de ellas abandonadas desde hace más de una década, generando un coste de 143 millones de euros al Estado". "Mientras esos pisos permanecen desocupados, el Estado pretende desahuciar las únicas viviendas que han estado habitadas de manera constante y que no solo no han generado costes, sino beneficios para las arcas públicas".

"A pesar de llevar meses exigiendo una negociación colectiva para estabilizar su situación, la TGSS ha rechazado establecer cualquier tipo de comunicación", destacó el sindicato, que denunció que, en vez de buscar soluciones conjuntas, como la cesión de uso a una cooperativa gestionada por las inquilinas o una renovación de contratos con las mismas condiciones, el Estado prefiere subastar estas viviendas y dejarlas caer en manos de fondos buitres o promotoras inmobiliarias que las reforman y las destinan a pisos turísticos, o las dejan vacías y abandonadas.

Para el sindicato, el Gobierno y el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez, "contribuyen activamente a la especulación inmobiliaria, a pesar de sus discursos sobre el derecho a la vivienda y la necesidad de ampliación del parque público de alquiler".

Asimismo, afirmó que esto "deja claro" una vez más que "el Estado no es la solución a la crisis de vivienda, sino uno de sus principales impulsores". "Las inquilinas de la TGSS están decididas a luchar para quedarse en sus casas a toda costa. Se han organizado colectivamente para no ceder ante la especulación, defendiendo no solo sus hogares, sino todas las viviendas públicas que se pretenden privatizar con esta operación", declaró.

Por último, anunció que "ante este atropello", las vecinas de Argüelles, Lavapiés, Ventas y Pacífico se han organizado en el Sindicato de Inquilinas de Madrid y se han sumado a la estrategia 'Nos Quedamos' para "defender sus hogares y hacer frente a esta ofensiva especulativa". "No se trata solo de defender sus casas, sino de plantar cara a un modelo que busca privatizar vivienda pública, ponerla en manos de intereses privados o fondos buitres, destruir barrios y contribuir a la creciente emergencia habitacional que afecta a miles de personas", sentenció.